Hoy 
Las expectativas que concitaron la promulgación de las leyes 42-01 (Ley General de Salud) y 87-01 (Ley de Seguridad Social) parecen desvanecerse entre el torpedeo y las violaciones constantes que empresarios (a través de las ARS) y las propias autoridades provocan.
La proclividad de la actual gestión del Ministerio de Salud Pública encabezada por el Dr. Bautista Rojas, bajo la égida del Sr. Presidente de la República (ver discurso toma de posesión) en el sentido de construir hospitales descentralizados, autónomos violentando la propia ruta crítica descrita por ellos mismos (Servicios Regionales de Salud, Sistema de Referencia y contrarreferencia, Consejo de Administración, Convenios, Acuerdos, Contratos, etc.) dando un marco precipitado de privatización a dichos centros estatales (como el Marcelino Vélez, Dr. Vinicio Carventti en Los Alcarrizos; Juan Bosch en La Vega, Cardio Renal en el Luis E. Aybar en Santo Domingo) y que desconocen por demás las leyes 60-97 y 68-03 (Concursos Médicos y de Colegiación) no deja lugar a dudas el por qué de la saña y virulencia con que se están enfrentando las aspiraciones de los médicos.
Se dice que más de 1000 millones de pesos han sido invertidos en el remozamiento de hospitales de 3er. nivel; se apuesta al anacronismo de la salud curativa. Se conoce que a partir de enero del 2009 las ARS podrán negociar ¿? con los hospitales públicos, la atención de sus afiliados (Fernando Caamaño, periódico Hoy, lunes 28 de julio).
Obviamente, de este nuevo escenario se desprenden serias amenazas para el pueblo dominicano y los médicos del país:
En primer lugar, es harto conocida la asimetría en cuanto a disponibilidad de camas en los hospitales públicos de los grandes centros urbanos, en donde la escasez es el estigma más frecuente a pesar de que contamos con 12,400 camas en el sector público, las cuales a la hora de presentarse dos pacientes, uno con carnet y otro que no esté en el sistema, se optará por el primer caso; esto obviamente producirá una exclusión de cerca de 7 millones de almas que no podrán utilizar los servicios de salud.
En segundo lugar, estos hospitales pasarán probablemente a constituirse en corporaciones descentralizadas que aprovechando su autonomía serán los grandes receptores de las ARS públicas y privadas impactando sensiblemente en las economías de las clínicas privadas lo que dejaría sin empleos a cerca de 45 mil personas al colocarlas en un estado de virtual desaparición, sin contar el tiro de gracia que significaría la puesta en funcionamiento de los Centros de Atención Primaria privados.
En tercer lugar, es obvio lo conveniente que sería para las intermediarias privadas, pactar con las gerencias de los hospitales descentralizados las cuales se arrogarían la discusión de los honorarios y los incentivos de los médicos que allí laboran, tal como sucede en algunos patronatos y en los hospitales de marras.
