La percepción de inseguridad no está sujeta al dilema de quién fue primero, si la gallina o el huevo. La inseguridad es efecto, consecuencia, jamás  causa, y la certeza de que es así nos la da la actitud de las autoridades, que ante la abundancia y frecuencia de  actos delictivos, cada vez más insisten en reforzar los instrumentos de represión para “garantizar” la seguridad. Si ocurren asaltos, robos, asesinatos y otros atentados contra la seguridad, el reforzamiento de la represión no garantiza realmente la seguridad y, en todo caso, esa garantía sí se lograría previniendo la ocurrencia de ese tipo de actos.

Un país en que los ciudadanos gastan considerables sumas  en rejas  y verjas, muros, cerraduras, armas de fuego,  gases irritantes, alarmas,  custodia y toda clase de protección,  sin duda es un país capturado por la percepción de inseguridad. Tocamos este tema inspirados por el artículo “¿Quién podrá defendernos?”, de la licenciada Mu-Kien Adriana Sang Ben, publicado ayer en la sección Areíto de este diario, y a cuya lectura invitamos. En el mismo, la historiadora narra su amarga experiencia por los casos de asaltos y robos de que han sido víctimas familiares, amigos y allegados suyos. Como ella, no hay un dominicano que no haya sido afectado, directa o indirectamente, por un acto delictivo violento. La inseguridad es algo más que una simple percepción.

Un golpe contra la intolerancia

La sentencia del doctor Pedro Reinaldo Vásquez Lora, juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial del DN que declara la confidencialidad del secreto de la fuente y la invulnerabilidad del derecho a la información, constituye un fuerte revés para la intolerancia de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como la libertad de información. La sentencia, de 73 páginas, es ejecutable independientemente de cualquier recurso de oposición contra la misma.

 El fallo es consecuencia de un recurso de amparo incoado por las periodistas Margarita Cordero, María Isabel Soldevila y  Norma María Shephard a propósito de las presiones que el senador Alejandro Williams ejerció contra éstas en un intento por obtener la identificación de fuentes que les aportaron datos relacionados con el legislador. La sentencia reafirma un aspecto sustancial de la libertad de expresión. Es un merecido golpe contra la intolerancia.