Más allá de las irregularidades

En República Dominicana cunden fallas en manejos administrativos de lo público que en rutinaria exploración busca la Cámara de Cuentas y que descubre no solo en los ayuntamientos, tan favoritos para cacarear hallazgos, mientras se muestra tardanza en revelar lo pendiente de aclarar en litorales mayores. Se trata de una “pesca” de escasas consecuencias, lo que probablemente influye para que el país figure estadísticamente entre los de mayor impunidad y escasa transparencia. Señalamientos abrumadores que merecerían una mayor preocupación en altas instancias para defender a la República de los alegatos de que aquí se ha ocurrido en conspicuos enriquecimientos en perjuicio del Estado.

Calificar (con simple propósito técnico) de irregularidades a las deficiencias y oscuridades en los registros de gastos e inversiones luce a veces como una conmiseración inhibidora de pesquisas que probarían intenciones dolosas con efectos acrecentadores de patrimonio en los malos administradores. Sin una activa función investigadora post-auditorías nunca llegaría a saberse si los manejadores de recursos públicos son puramente gerentes carentes de rigor y pericia o si incurrieron en argucias para no dejar huellas de su rapacidad protegida por un vacío de normas efectivas de protección a bienes del Estado y de exigencias éticas y legales. A lo que nada les cuesta, le habrían hecho fiesta.

CÁRCELES PARA SEGUIR EN DELITO

Debe resultar sumamente perjudicial para la sociedad que “internos”, convictos o preventivos, sean destinados a unos encierros en los que proliferan algunos de los propios crímenes que motivan los encarcelamientos. Sitios en los que se trafica con drogas, bebidas ilegales y juegos de azar y se utilizan celulares para que algunos dirijan desde las celdas acciones delictivas fuera de allí. Las autoridades admiten esta realidad pero se enfrentan con pocos resultados a las mafias carcelarias.

La Justicia está consciente de que existen prisiones cuasi infernales en diferentes puntos de la geografía nacional y resulta notorio que algunas sentencias reservan tales lugares de hacinamiento, riñas e indisciplina para los condenados o pendientes de juicio que bajo ciertos criterios merecerían un castigo adicional a la privación de libertad. Sin el menor estímulo para el arrepentimiento, de esos encierros salen peores.