El Congreso deberá ver ahora las   enmiendas que, por  acuerdo entre las  partes, les fueron introducidas al contrato   entre el Estado Dominicano y la Barrick Gold. Será la segunda vez que los legisladores tienen ante sí la responsabilidad de sancionar este contrato, y nadie duda que aprovecharán la oportunidad de deshacer con su aprobación el entuerto que para el interés nacional representó la  entrega que mediante el contrato original se hacía del oro del  subsuelo de  Pueblo Viejo, Cotuí.

Con estas enmiendas, no solo se logra mejorar sustancialmente la participación dominicana en los beneficios por la venta del oro, al pasar de 37.1 a 51.3 por ciento, sino también sentar un precedente  de  ejercicio de la voluntad política de un Gobierno que juzgó inaceptable la forma en que el primer contrato entregaba un patrimonio del Estado a una firma extranjera. Aspiramos a que los futuros contratos de explotación minera a suscribir entre  el Estado  y firmas extranjeras pongan en primer orden la defensa de nuestros recursos.  

Desde luego, hay que  completar el círculo virtuoso que se deriva de todo este proceso que nos lleva a obtener más beneficio por nuestro oro y un trato más equitativo como Estado. Los ingresos extraordinarios a obtener de la venta del mineral deberán ser empleados de manera que tengan una influencia decisiva en términos de desarrollo.

GUAIGÜÍ: NADA NUEVO BAJO EL SOL

Para un país reincidente en operaciones onerosas, la paralización de la construcción  de la presa de Guaigüí no representa novedad alguna. Así como contratamos plantas eléctricas que salen más económicas apagadas que generando, nos da lo mismo despilfarrar millones de dólares manteniendo paralizada esa  obra, que no avanza pero que cada vez sale más cara por el pago de servicios de deuda, renovación de póliza de seguro, inflación de costos  y otras causas.

La  presa es de vital interés para regular las aguas del río Camú y controlar sus desbordamientos. Está proyectada, además,  para generar electricidad y mejorar los sistemas de riego en una vasta zona agrícola. La paradoja es que Guaigüí está paralizada por falta de asignación de fondos para continuar los trabajos, que debieron reanudarse en el 2012, pero esa parálisis está generando  gastos cuantiosos para el erario. Nada nuevo bajo el sol.