La implementación de políticas orientadas a la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión social ha generado siempre intensos debates en el ámbito corporativo, académico y político. Aunque en el sector empresarial y en ciertas administraciones gubernamentales estas iniciativas suelen agruparse bajo el concepto de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), en el marco de los derechos humanos y los organismos internacionales se habla principalmente de políticas de acción afirmativa, medidas especiales temporales e inclusión social como herramientas clave para garantizar oportunidades equitativas.
Mientras que para algunos estas medidas representan una evolución necesaria hacia sociedades y organizaciones más justas, para otros son vistas como una imposición ideológica que desafía principios tradicionales. Pero, más allá de las posturas encontradas, surge una pregunta fundamental: ¿cuál es el verdadero miedo a la equidad y la inclusión?
Uno de los argumentos más frecuentes contra estas iniciativas es que generan discriminación inversa o imponen cuotas que priorizan ciertos grupos en detrimento de otros. Sin embargo, esta percepción distorsiona el propósito real de estas políticas: corregir desigualdades históricas y estructurales. La equidad no significa darle a cada persona lo mismo sin considerar su punto de partida, sino garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades reales.
Las resistencias a la equidad a menudo provienen de una visión meritocrática que ignora las barreras sistémicas que dificultan el acceso y la participación equitativa de ciertos grupos. No se trata de eliminar el mérito, sino de reconocer que no todas las personas tienen las mismas condiciones para demostrarlo.
Cuando se habla de igualdad e inclusión, algunos sectores sienten amenazados sus espacios de poder. Este temor, aunque no siempre expresado de manera abierta, se manifiesta en la resistencia a cambios en la cultura organizacional y en la aparente «guerra contra la excelencia» que algunos argumentan que las políticas de inclusión fomentan.
Sin embargo, la diversidad no reemplaza la excelencia; la fortalece. Estudios han demostrado que equipos diversos son más innovadores, productivos y rentables. La inclusión no es un favor, sino una estrategia de desarrollo sostenible que permite a las organizaciones aprovechar el talento en su totalidad.
En años recientes, diversos gobiernos y organizaciones han mostrado resistencia activa contra la implementación de políticas de igualdad sustantiva y acción afirmativa. En Estados Unidos, este mismo año, la administración de Donald Trump ha emitido órdenes ejecutivas que eliminan programas de DEI en agencias federales y reducen fondos para iniciativas de inclusión educativa.
Entre las medidas más polémicas, se encuentra la orden ejecutiva que ha instruido a las agencias federales eliminar cualquier programa relacionado con diversidad e inclusión e identificar a la empleomanía que trabajaba en estas áreas. Adicionalmente, el gobierno de Trump ha restringido la recopilación de datos demográficos en agencias de salud y educación, debilitando los mecanismos de monitoreo de desigualdades estructurales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la promoción de la igualdad sustantiva, la inclusión y la no discriminación no es opcional; es una obligación de los Estados y las instituciones, respaldada por normativas internacionales como la CEDAW y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El miedo a la equidad es, en esencia, el miedo al cambio y a la redistribución del poder. Lejos de ser una amenaza, la inclusión es una oportunidad para construir sociedades más justas, innovadoras y sostenibles. Superar estos temores implica desafiar prejuicios, informarse y reconocer que la equidad no resta, al contrario, multiplica.
Mientras las desigualdades persistan, la equidad y la inclusión son una necesidad. El riesgo no está en avanzar hacia la igualdad de oportunidades. El verdadero riesgo está en permanecer estancados en un sistema que excluye a quienes merecen las mismas posibilidades de crecimiento y desarrollo.
La diversidad no es una agenda ideológica; es un imperativo de justicia. ¿Qué sociedad estamos construyendo si no lo reconocemos?