El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del gobierno central para el año 2005, de un monto de 206 mil millones, está ya en la Cámara de Diputados para discusión y estudio a partir del próximo martes.

En su mensaje de introducción, el Presidente  Leonel Fernández describió la pieza como “la principal herramienta de política económica de la presente administración para la búsqueda de la consolidación de la estabilidad macroeconómica, el restablecimiento del crecimiento y de la mejora de la capacidad de compra de la sociedad”.

Se entiende, y así lo dice expresamente la remisión del primer mandatario, que los problemas de la economía obligan al Estado a manejarse con una fuerte austeridad, y además a trazar un esquema de administración fiscal compatible con un nuevo acuerdo ‘stand by’ con el Fondo Monetario Internacional que contribuya a un saneamiento de las finanzas públicas.

Aún con esa dura intención de reducir en el próximo año el uso de recursos fiscales, trae cierto alivio encontrar que el gobierno mantiene el propósito de elevar los sueldos de los servidores públicos en 30% -en dos partidas y fechas- y consigna además en su plan básico las partidas para  subsidios al gas licuado y a la energía eléctrica que alcanzarían los 18 mil millones de pesos.

-II-

Como se trata de un proyecto  precedido por conversaciones y conciliaciones entre los poderes del Estado, es muy probable que el Congreso pase con presteza a convertirlo en ley. Muy importante sería entonces que a partir de su aprobación definitiva, el gobierno logre que la sociedad lo acepte como un esfuerzo válido para fortalecer la confianza en que se podrá  influir de manera positiva e inmediata en la situación de la economía.

Más allá de lo que promete el esquema para gastos e inversiones, la sociedad dominicana reclama que el gobierno logre con creces y holgura las metas enunciadas y que en los hechos la gestión oficial del próximo esté,  básicamente, libre de los gastos que no son imprescindibles para que el Estado funcione. Y se necesita también que las políticas oficiales resulten, por su transparencia y eficacia,  propiciadoras de inversiones y de crecimiento y diversificación de la producción, lo que seguramente obraría en favor de un incremento de las recaudaciones  y, por tanto, de las posibilidades de que el Estado extienda sus programas de obras públicas y asistencia social.

Además de contar con un presupuesto austero y desarrollista, el gobierno deberá tener, en el 2005, gran voluntad para entrarle duro al problema energético.

Las circunstancias obligan a renegociar contratos y reformar esquemas en el área de generación eléctrica para, con una tarifa justa, hacer posible la tarea de reducir los déficit en cobros  por servicio.

Y tendrá también que preservar –como parece reconocerlo- la revaluación  de la moneda dominicana para que los sectores de bajos ingresos, brutalmente marginados del consumo por el alza del dólar, cumplan con vigor en esta economía el objetivo de aumentar de manera generalizada la demanda de bienes y servicios.