La reciente entrega de vehículos, radios y oficinas móviles hecha por el Presidente Leonel Fernández a la Policía Nacional debería ser el comienzo de un plan de atención continuada hacia esta institución, como forma de mejorar su capacidad de responder al desafío de la criminalidad y a la necesidad de robustecer la seguridad ciudadana. En ocasiones, nuestros policías parecen en desventaja ante una delincuencia abrumadora en número de casos  y diversidad de métodos de operación.

Con el mayor respeto a los ámbitos de servicio, el mejoramiento de la capacidad policial debería responder al patrón que ha caracterizado la especialización de nuestro personal militar en academias del exterior. Además de apoyo logístico, a nuestra Policía hay que proveerla de instalaciones más adecuadas, sobre todo para las dotaciones de los barrios y las comunidades del interior. Inclusive en la capital, las condiciones de algunos destacamentos no son verdaderamente deprimentes.

Otro aspecto que debe merecer atención es el de las condiciones de vida de nuestros policías. Sus salarios no se corresponden con los riesgos cada vez más altos de la función que desempeñan en la sociedad. Es hora de una reforma policial profunda e integral, que a la vez que sea firme en la profilaxis mejore la capacidad de acción y el estatus social de estos esforzados servidores.

Temor que debe ser despejado

Entre suplidores de materiales y servicios a organismos estatales descentralizados, o que tienen con éstos contratos de ejecución de obras, ha surgido el temor de que tendrían dificultades para cobrar deudas que el sector oficial tiene con ellos. El temor obedece a que al quedar excluidos de la ley de crédito público, esos organismos no estarían en condiciones de saldar en los plazos acordados sus acreencias, lo que   pondría en aprietos a los acreedores.

Una circunstancia que afianza el temor de los suplidores es que, además de haber quedado excluidos de la ley  de crédito público, los organismos descentralizados están entre los afectados por el  recorte del 12% en los gastos de la administración pública, que es una de las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Quiera Dios que se trate de temores infundados y que los saldos de acreencias se ejecuten según lo acordado.