El Gobierno afirmó ayer en conferencia de prensa que ha estado pagando a varias empresas generadoras para que éstas puedan poner en operación sus generadores. El funcionario que hizo este anuncio, Rafael Calderón, secretario de Finanzas, afirmó hace poco que el Gobierno no tiene deudas con los generadores y que, en cambio, algunos de éstos le deben al sector oficial.

No sabemos cómo manejan sus relaciones comerciales el Gobierno y los actores del mercado energético, que son posibles confusiones sobre aspectos tan delicados como deudas, pero lo cierto es que no es la más apropiada.

El Gobierno tiene que velar porque las empresas que capitalizaron el mercado energético cumplan su función de suministrar energía eléctrica para que la economía del país pueda mover sus maquinarias. Ese propósito no puede ser logrado sobre la base de una interminable confusión de cuentas, ni queriendo presentar como créditos los que son débitos y viceversa.

Actualmente el país atraviesa por una de las peores crisis energéticas de que se tenga cuenta, y una buena parte de la culpa la tiene el Gobierno por haberse acostumbrado a no estar al día en sus pagos al sector eléctrico. Ha sido responsabilidad del sector oficial que los mercaderes de la energía tengan que recurrir a los apagones financieros para forzar a que se les pague por la energía servida. Por otra parte, ha sido muy poco lo que se ha hecho desde el oficialismo para forzar a los agentes del mercado eléctrico a ser eficientes.

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En medio de los apagones, cuando el país demanda y espera soluciones, el Gobierno se destapa con la afirmación de que no le debe a los generadores, para terminar diciendo que ha iniciado una secuencia de pagos para que los mismos puedan encender sus plantas.

Con el mismo desparpajo han sido manejadas todas las cuestiones atinentes al mercado energético. Jamás se cumplió la promesa de la campaña electoral del año 2000, de revisar la criticada capitalización del mercado energético pero, en cambio, fueron ensanchadas las ventajas de los capitalizadores mediante los denominados «Acuerdos de Madrid».

Hasta demostración en contrario, el anuncio de pago hecho ayer no parece solucionar, como espera el país, la crisis actual y aumentar las horas de suministro de energía. Las interrupciones del suministro de electricidad están ocasionando severas pérdidas económicas a los sectores productivos, comerciales y a los hogares, pero las facturas no acreditan a los usuarios el equivalente económico por las horas de apagones y, por el contrario, se ha comprobado que el precio del kilovatio hora -no servido, por cierto- ha sido aumentado.

El Gobierno, que es tan bueno para confundir débitos con créditos, no ha sido capaz de exigir que a los usuarios del servicio energético se les cobre exactamente lo consumido, descontando en su favor las horas de apagones.

Con semejante comportamiento, el Gobierno agotó todas sus posibilidades de haber hecho un buen papel en un modelo de capitalización del que ha sido tan severo crítico.