Más de 2,000 funcionarios, incluidos más de 450 jueces, 80 encargados de compras, cientos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales, conforman la voluminosa lista de servidores públicos que no han hecho sus declaraciones juradas de patrimonio, como lo dispone la Ley 311-14.

Esos detalles están incluidos en un informe de la Cámara de Cuentas, en el que se establece que de los 5,624 funcionarios que están obligados a hacer su declaración jurada, al 19 de julio solo 1,267 enviaron esa información, y que de esos expedientes 486 se recibieron en tiempo hábil y 781 fuera del plazo correspondiente.

Todavía no han presentado sus declaraciones patrimoniales 2,065 servidores públicos que están obligados a transparentar sus finanzas personales.

Con relación a los jueces y vocales de los distritos municipales, la derogada Ley 82-79 no contemplaba que presentaran declaraciones de bienes, pero fueron incluidos en la ley vigente.

En el informe, presentado por la doctora Licelott Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas, se indica además que 1,028 funcionarios deben actualizar sus bienes patrimoniales si son ratificados para un nuevo período o si dejan el cargo.

Ante el más que evidente incumplimiento de la ley se le preguntó a Marte de Barrios si el organismo que preside raya en la benevolencia o no hace las diligencias que las circunstancias imponen.

En ese sentido respondió que se comunicaron con los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones donde trabajan esos funcionarios, o los llaman personalmente.

“No hemos sido benévolos ni nos hemos quedado tranquilos. Si ustedes supieran que se han puesto personas a llamar funcionario por funcionario, se le manda la comunicación a su jefe inmediato, se publica en la web, en la prensa, qué más podemos hacer.

“Faltan más de dos mil funcionarios, pero ¿voy a ir yo a buscarlos a sus casas, a sus oficinas?, me faltaría vida para hacerlo”.

Al hacer esa precisión, dijo que es a la Procuraduría General de la República a la que le corresponde averiguar por qué esos empleados de alto rango no acatan la ley.

De acuerdo con sus explicaciones la Ley 311-14 dispone que todos los funcionarios tenían 30 días para hacer sus declaraciones juradas, por lo que esos 2,065 que faltan deben ser investigados por la Procuraduría.

Reformar la ley. En el contexto de una ley que apenas se cumple, y cuyas sanciones no pasan del ámbito administrativo, se le planteó a Marte de Barrios si consideraba pertinente la modificación de la ley.

Al favorecer ese planteamiento expresó que “la ley no debió decir declaración jurada patrimonial cuando se estuviera en posesión del cargo, sino antes, como una manera indispensable para tomar posesión.

¿Falta de confianza? Aunque la ciudadanía muestre cierta desconfianza por el trabajo que realiza la Cámara de Cuentas, su presidenta considera que es normal esa percepción pero que el personal a su cargo hace todos los esfuerzos por tener un buen desempeño.

“Yo encontré un organismo totalmente caotizado, que no tenía ningún método de trabajo, ustedes recordarán que cuando entramos los antecesores pasaron por un juicio político y la entidad estuvo acéfala por ocho meses.

“Nos hemos esforzado por mejorar el desempeño, pero la ciudadanía tiene todo el derecho de pedir más, pero para la Cámara de Cuentas dar más debe tener un mayor presupuesto”.

Marte de Barrios, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, dijo que tiene la certeza de que han hecho un importante trabajo en pro de la transparencia en la administración pública, y no lo considera un mérito sino una obligación.

Asimismo, dijo que son receptivos a las críticas y las recomendaciones porque eso se traduce en mejorías para la institución.

En ese contexto, expresa que es un reconocimiento al trabajo que realizan, el apoyo técnico y económico que el organismo ha recibido de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Unión Europea le ha hecho donaciones ascendentes a dos millones de euros, y el PNUD tiene una oficina de asistencia técnica instalada en el organismo estatal desde 2009.