Barcelona.– Unas 315.000 personas, según la Policía local de Barcelona, pidieron hoy la libertad de los líderes encarcelados preventivamente por el proceso independentista iniciado en Cataluña en 2017, y reclamaron “espacios para el diálogo y la negociación política” para resolver la crisis catalana.

La manifestación fue convocada por la plataforma social “Espai Democràcia i Convivència” (“Espacio Democracia y Convivencia«) con el lema “Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, os queremos en casa».

El juez español Pablo Llarena procesó el 23 de marzo pasado a 25 personas por supuesta implicación en el proceso independentista ilegal catalán -declarado inconstitucional- por varios delitos, 13 de ellas por rebelión.

Ordenó el encarcelamiento preventivo de los procesados que aún estaban en libertad y pidió la detención y entrega a España de los que habían huido al extranjero, como el expresidente regional catalán Carles Puigdemont, detenido posteriormente en Alemania y puesto en libertad provisional por jueces de ese país.

Carles Puigdemont.

Ahora mismo, nueve de los acusados de rebelión cumplen prisión provisional en España y cuatro permanecen fugados en varios países europeos (Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza).

La protesta de hoy coincide con los seis meses del encarcelamiento de los líderes sociales secesionistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, dos de los procesados por rebelión, también en prisión preventiva, procesados también por varios delitos.

Sánchez ha sido dos veces candidato a presidente de la comunidad autónoma de Cataluña tras las elecciones regionales del 21 de diciembre de 2017, pero el juez Llarena le denegó el permiso de libertad para presentarse a la elección por riesgo de “reiteración delictiva».

Sánchez y Puigdemont son diputados catalanes de la coalición independentista de derechas Juntos por Cataluña.

La organización convocante de la manifestación de hoy está integrada por diversas entidades, asociaciones y sindicatos (entre ellos las secciones catalanas de CCOO y UGT), que consideran que “los problemas políticos deben tener una respuesta política y no represiva». También piden a las instituciones catalanas, españolas y europeas que busquen espacios para “la negociación política».

A la convocatoria se unieron los partidos independentistas y la coalición de izquierdas Catalunya en Comú-Podem. Entre otros asistentes estaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.