Más de 50 mil personas han estado entre la maraña de engaño en la venta de “seguros” por parte de una mafia que ha puesto en riesgo la seguridad financiera del sistema de Seguridad Social.

La afirmación la hizo el ingeniero Henry Sadhalá, Tesorero de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), quien aseguró que la cadena de engaño implica más de RD$120 millones, pues envuelve a los familiares de los supuestos afiliados. El funcionario dijo que más de la mitad de esas personas inscritas de manera fraudulenta en la Tesorería ya han sido dadas de baja y se espera la solución del problema.

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Modus operandi

El fraude comienza con una clave que otorga la TSS a los empleadores, ese empleador la pasa a un encargado de recursos humanos y así el número va pasando de mano en mano, hasta que alguien la vende para que se pueda hacer fraude y se engañe al sistema. Esa clave es responsabilidad del empleador.

Una resolución del CNSS abrió la puerta para que las empresas reportaran el salario y “llovían” los reportes de salario de hasta RD$50,00, dijo el funcionario. A los dos o tres meses, hasta 400 mil trabajadores tenían salarios por debajo del mínimo y eso afectó las finanzas del sistema. Esta resolución se derogó, indicó.

Negocio con la SS

Acciones organizadas mediante empresas y con la clave de acceso inscriben trabajadores, esas claves hasta las compran. Eso afecta las finanzas del sistema, pero se han recuperado, insistió Sahdalá.
Los que hacen este negocio ilícito son ex promotores de salud que actúan para empresas organizadas y que usan en forma fraudulenta las claves que se otorga a los empleadores.

Le cobran a las personas de acuerdo a la carga de enfermedades. Esas nóminas se cargan sin el conocimiento del empleador, pero con su clave. Por cada una de esas personas, sus cónyuges y menores de edad, la TSS debe pagar 1,577 todos los meses a la Administradora de Riesgo de Salud en la cual se inscribió, mientras recibe, RD$50 o $RD100.

Se han tomado muchas medidas y se ha logrado reducir hasta en un 50% a las personas. Se trata de un gran negocio que afecta al sistema y que las autoridades buscan eliminar. Eso daña a los afiliados subsidiados que pierden beneficios sociales que otorga el Gobierno