CARACAS, AFP. Un total de 506 presos fallecieron y más de 600 resultaron heridos en episodios violentos durante 2013 en las cárceles venezolanas, 14,38% y 45,58% menos que el año previo, respectivamente, según un informe de la ONG Observatorio de Prisiones (OVP) divulgado este miércoles. 

«Las heridas y muertes (entre los reos) son ocasionadas principalmente por armas de fuego y armas blancas», indicó el OVP en su informe 2013, donde agregó que el promedio de edad de las víctimas es de 28 años.

En 2012, esta ONG registró 1.132 reos heridos y 591 muertos, esta última cifra un récord desde 1999, año a partir del cual el Observatorio lleva el conteo en los penales del país.

De las 51 cárceles, la ONG señaló como las más violentas a la de Maracaibo (oeste) con 79 muertos, de los cuales 16 fallecieron en una reyerta en septiembre de 2013; Tocuyito (norte) con 70; y Uribana (noroeste) con 63, de ellos 58 en un motín en enero de ese año.

Los penales venezolanos son escenario de constantes choques armados entre bandas de presos que luchan por el control de los recintos. Además, padecen problemas de hacinamiento e insalubridad.

La ONG precisó que hay 53.566 reos (94% hombres) en las prisiones, pese a que su capacidad instalada es de 16.000, y que sólo 29,89% (16.010) de los presos han sido condenados frente a 63,61% procesados.

Por ello, el OVP recomienda «evitar el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva (y) aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad».

Desde 2011, el gobierno chavista ha impulsado distintos planes para desarmar a los prisioneros, mejorar sus condiciones de reclusión y acelerar los procesos judiciales para reducir el hacinamiento y la impunidad, considerada una de las principales causas de la violencia criminal en Venezuela.

El país sudamericano registró en 2013 una tasa de asesinatos de 39 y 79 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), respectivamente.

El OVP emite sus informes con base en el monitoreo de la prensa, denuncias que recibe de internos y sus familiares, y alianzas con comisiones de derechos humanos.