El presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Julián Roa, afirmó ayer que hasta un 90% de los alcaldes y regidores del país no ha hecho su declaración jurada de bienes, como lo ordenan la Ley 82-79 y la Constitución de la República.

Sostuvo que la mayoría de funcionarios públicos desconoce la forma en que se realiza el proceso de declaración, y que además muchos no lo realizan  debido al alto costo de los honorarios de certificación.

Roa ofreció declaraciones luego de suscribir un acuerdo con el presidente del Colegio de Notarios, Rodolfo Pérez Mota, mediante el cual se ofrecerán facilidades  para que los regidores presenten el documento legal.

Entre las facilidades, Roa y Pérez Mota citaron  que los abogados afiliados al Colegio de Notario solo cobrarán una cuota de RD$500 a los regidores del país que todavía no han declarado sus bienes. Regularmente el precio de la  declaración se establece de acuerdo a la tasación de los bienes.

Transparencia.  Al ofrecer declaraciones, el Presidente del Colegio de Notarios manifestó que el cobro simbólico a los regidores es una herramienta que los profesionales ofrecen para contribuir con la transparencia en la función pública.

“Felicitamos a los regidores por esta iniciativa a favor de la transparencia y la cultura de rendición de cuentas de los funcionarios públicos”, expresó Rodolfo Pérez Mota, al tiempo de instar a los demás funcionarios a acercarse al Colegio de Notarios.

El representante de los regidores se comprometió a informar sobre el acuerdo a los presidentes de los 155 concejos de regidores, para que  la matrícula de 1,145 regidores de todo el país pueda ser beneficiada.

De igual forma, el acuerdo con el Colegio de Notarios le  compromete a gestionar mecanismos para que los regidores conozcan sobre la importancia de cumplir con la entrega de una certificación de su patrimonio. 

Las claves

1.  Constitución

En su artículo 146, la Constitución define como obligatorio que los funcionarios  entreguen una declaración jurada, antes y después de finalizar sus funciones o a requerimiento de una autoridad.

2.  Ley 82-79

 La Ley Sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito también establece que todos los funcionarios públicos están obligados a declarar sus bienes y los de sus cónyuges, antes y después de salir de sus cargos.