Emilio guzmán y Brenda Féliz
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Más de dos mil funcionarios, incluidos de la pasada y presente gestión, todavía no hacen su declaración jurada de patrimonio, pese a que venció ayer la prórroga otorgada por la Cámara de cuentas (CC), para que cumplan con el mandato de la Ley 311-14.

El presidente de la entidad, Hugo Álvarez, afirmó de forma categórica que no habrá más prórroga y advirtió que los funcionarios salientes que no declaren sus bienes serán remitidos a la Procuraduría General de la República para lo fines legales correspondientes.

En el caso de los actuales funcionarios que no declaren, dijo que la ley prescriben una serie de sanciones que van desde la retención de su salario hasta la destitución.

Álvarez recordó que la ley tiene penas muy graves para los omisos, lo que no han hecho su declaración, ya que de ellos se presume enriquecimiento ilícito, cuyos aspecto penales van de uno a dos años y multas de hasta 40 salarios mínimos.

“La ley es muy fuerte, porque para los que no han declarado, que se presume enriquecimiento ilícito, manda la confiscación de sus bienes”, expresó el presidente de la CC.

Hugo Álvarez dijo que son más de seis mil los funcionario que tienen que declarar su patrimonio y que hasta anoche poco menos de cuatro mil lo habían hecho.
Retractaron declaración. Sobre los funcionarios que hicieron declaraciones ‘exorbitantes’ de dinero y luego se retractaron, el funcionario explicó que de comprobarse que hubo intencionalidad en esos hechos, habría penalidades.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció que ya inició los procesos con las instituciones encargadas de verificar la veracidad de las declaraciones de bienes.
Sin embargo, declaró que la verificación durará un largo tiempo debido a la gran cantidad de funcionarios que hay en el país.

Álvarez destacó que los servidores públicos del Gobierno Central fueron los más diligentes en la declaración de patrimonio.