El 54.26% de los 513 acueductos funcionan con electrobombas, lo que significa una alta dependencia del petróleo para abastecer de agua a la población.

Pero la situación se complica para los acueductos de Santo Domingo, Santiago y Moca, que dependen entre un 75% y 87% de energía eléctrica para su funcionamiento.

Tales datos están contenidos en el informe “Política social: capacidades y derechos’’,  realizado por la Oficina de Desarrollo Humano a solicitud de la Secretaria  de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

El estudio apunta que esta alta dependencia de energía eléctrica  para el abastecimiento de agua explica en parte la escasez del líquido que tienen que enfrentar ciertas zonas del país, debido a que las empresas disminuyen la presión de agua para ahorrar combustibles.

Esta  situación obliga a su vez al almacenamiento de agua en las viviendas, lo cual deteriora aún  más su calidad, por las condiciones físicas de la reserva,  indica  el informe.

Infraestructura existente De los 513 acueductos que  operan en el país 448 son del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa);  32 de la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de Puerto Plata (Coraaplata) y 15 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Cuatro  acueductos son operados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan);  seis corresponden a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca) y ocho a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (Corarom).

Existen además 67 acueductos operados por Asociaciones Rurales de Agua.

La Caasd es responsable del servicio  en el Distrito Nacional y de la provincia  Santo Domingo, que cuentan con el 32% de  la población; la Coraasan se ocupa de abastecer a Santiago, donde viven  un 7% de los dominicanos.

Mientras que  Corapplata abastece a un 4% de la población;  Corramoca a  un 3% de la población; y  Coraarom al  3% también. Inapa es responsable de prestar servicios al 52% de la población.

Potabilidad   Según la Caasd, el índice de potabilidad de agua (definido como el porcentaje de muestras negativas a la presencia de coniformes fecales) es de 98.49%86 a septiembre de 2008. Según las normas, el índice de potabilidad debe ser mayor a 95% para el consumo.

Para Inapa, que abastece a la mitad de la población, el índice de potabilidad promedio estuvo en 56% en 2004 y en Corasan en 90.9% para el mismo año.

Sin embargo, según Endesa 2007, el 56% de la población utilizaba  para beber agua embotellada, porcentaje que se eleva a 65% en la urbana mientras que la población rural alcanza el 34%, detalla el estudio.

El 11% de la población compra para beber agua  de los camioncitos; siendo un 13% en la zona urbana y un 6% en la rural. Incluso un 4% de la población tiene que comprar agua de camioncito para otros usos que no son beber.

“Estas evidencias reflejan que para la población el agua no reúne las condiciones para ser bebida, lo cual tiene un impacto en la salud pero también en los gastos de la familia”, expresa el informe, al destacar la situación.

Marco legal

Otro problema para el manejo del agua es que no existe todavía una ley que regule el sector, ni se cuenta con un organismo rector ni con políticas y estrategias  para enfrentar los desafíos.   Desde hace seis años  el  Congreso reposa un proyecto de ley , cuya última versión ha sido presentada en marzo de 2008.

 La pieza  establece un organismo de ejecución y administración, así como la re-estructuración de las funciones de los entes  existentes para una mayor optimización de los recursos y calidad de los servicios.

Se contempla además la creación de un Plan Hidrológico Nacional decenal, que responda no solo a los objetivos de los planes de desarrollo y a la situación ambiental, sino también al ordenamiento territorial y al Sistema  Nacional  de Áreas Protegidas.