Juan María Ramírez 
Al vencer el plazo para la entrega de las declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios designados a partir de agosto pasado, apenas 48, de un universo aproximado de 110, habían sido depositadas por ante la Cámara de Cuentas, informó su presidenta, Licelot Marte de Barrios.
El incumplimiento de la ley que rige la materia fue condenado de inmediato por organismos de la sociedad civil, como Participación Ciudadana (PC), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adoco).
La presidenta de la Cámara de Cuentas advirtió que de acuerdo con la Ley 311-14, del 8 de agosto de este año, el incumplimiento por parte de los funcionarios conlleva su destitución del cargo. La funcionaria reaccionó así luego de recibir 8,268 declaraciones juradas de bienes de funcionarios por parte de la Tesorería Nacional, que fueron presentadas desde el año 2000 hasta la fecha.
Con la entrega, la Tesorería Nacional cumple con el mandato de la Ley 311-14 que establece que la CC será responsable de la custodia, control y fiscalización de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La entrega la hizo el tesorero nacional, Alberto Perdomo, a la titular de la Cámara de Cuentas. Estaban en la Tesorería Nacional amparada en la Ley 82-79, que quedó derogada por la Ley 311-14.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, aclaró la semana pasada que los funcionarios que hicieron su declaración antes de la promulgación de la Ley ley 311-14 no tienen que hacer una nueva declaración, pero los designados a partir de agosto pasado, cuando se promulgó la ley, sí están obligados.
Están obligados a presentar declaración jurada todos los ministros, viceministros, administradores y gerentes de bancos estatales, tesoreros municipales, jueces, miembros del Ministerio Público administradores, subadministradores generales, directores y subdirectores generales, entre otros, designados por el Poder Ejecutivo a partir de agosto pasado, cuando entró en vigencia la nueva ley de declaración jurada de bienes.
