EDUARDO JORGE PRATS
Durante toda nuestra vida republicana, los dominicanos hemos luchado por el establecimiento y consolidación de un sistema democrático que garantice la participación política de todos, la libre elección de nuestros representantes y el ejercicio de las libertades de pensamiento y expresión que sirven de base a la formación de la voluntad popular. Ello explica nuestra reacción frente a los intentos de continuismo presidencial y a los traumas electorales y nuestros esfuerzos por construir un sistema electoral que garantice comicios libres y transparentes.

Mucho se ha avanzado en este sentido, principalmente tras la crisis de 1994. Mucho es lo que falta por avanzar, particularmente para garantizar la igualdad de los partidos, la transparencia del financiamiento electoral, la fidelidad y rapidez en el conteo de los votos y la prohibición del uso de los recursos del Estado en las campañas. Estas deficiencias, como gran parte de los problemas que aquejan a nuestro Estado, no pueden ser solucionados, sin embargo, con más democracia. De hecho, la democracia puede contribuir a exacerbar aún más estos problemas.

Y ello es así por una razón estructural inherente a todo Estado Democrático de Derecho: la permanente tensión entre el principio democrático y el principio del Estado de Derecho. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Estado de Derecho es la garantía de los derechos de todos, incluyendo las minorías, frente a los poderes del Estado, aún emanen de las mayorías populares. Por eso, es perfectamente posible una monarquía o una autocracia que respete los derechos de las personas, salvo los derechos políticos, como es imaginable una democracia iliberal en donde no estén preservados los derechos de los individuos frente a las mayorías electorales.

El Estado Democrático de Derecho opera un compromiso entre estos dos principios que Carl Schmitt -a la luz de la experiencia de Weimar- considera mutuamente excluyentes y Junger Habermas ve como perfectamente reconciliables -desde la perspectiva de las contemporáneas democracias realmente existentes. Este compromiso, no obstante, requiere los instrumentos de alta precisión que el constitucionalismo ha diseñado: separación de poderes, principio de legalidad, seguridad jurídica, control judicial de la actuación de los poderes, debido proceso y responsabilidad (accountability) de los representantes del pueblo.

Precisamente las grandes carencias de nuestra democracia radican en la ausencia -o deficiencia- de estos instrumentos de control del poder democrático. Y es esta ausencia de control lo que explica la gran distancia que existe en República Dominicana entre el deber ser del ordenamiento jurídico y el ser de la facticidad política. La brecha entre normatividad y realidad nunca podrá ser estrechada desde la óptica del principio democrático porque lo que el poder democrático quiere siempre es más poder para el pueblo en tanto que lo que el Estado de Derecho desea es menos poder a través del control del mismo.

Ahora que mutan las mayorías congresionales y que se hace realidad el temor de la erección de un poder absoluto que lo corrompa todo, es mucho más necesario que nunca consolidar los mecanismos de control del poder. Esto pasa necesariamente por someter a Derecho al Poder Ejecutivo, en especial a sus poderes administrativos, lo cual sólo puede ser logrado mediante el encuadramiento legal y el control por los tribunales de su actuación a través de una Ley de Procedimiento Administrativo. Sin esta ley, es virtualmente imposible la existencia de una carrera civil administrativa, la consolidación de un sistema de licitaciones públicas transparente, la adopción de mecanismos de gobierno electrónico, otorgar seguridad jurídica a los inversionistas contra expropiaciones ilegales y regulaciones arbitrarias, y garantizar la independencia de los reguladores económicos.

Democracia no sólo es gobierno del pueblo sino también gobierno de las leyes. Un gobierno sin leyes sigue siendo tan gobierno de los hombres como las viejas autocracias. Si por gobierno democrático, debemos entender el reino absoluto de las mayorías, entonces lo que necesitamos los dominicanos es sencillamente más Derecho y menos democracia. Ojalá las élites y el pueblo comprendan esto temprano para que no corramos la suerte de los alemanes de Weimar, que no pudieron impedir que el poder de una mayoría en el gobierno clausurara las libertades, las instituciones y la vía electoral.