Aunque el Gobierno se esfuerza por mostrarle a la sociedad cifras que reflejan mejora en aspectos de seguridad ciudadana, organismos especializados comprueban que este país mantiene tasas muy altas de criminalidad en todas sus variables. Uno de esos organismos, Barómetro de las Américas, comprobó que entre 25 países estudiados, la República Dominicana ocupa un lugar muy alto en cuanto a homicidios y ostenta el segundo lugar en materia de robos y asaltos.

El mismo estudio, que corresponde al año 2014, detectó que nuestro país ocupa el tercer lugar en testimonios sobre venta ilícita de drogas , solo por debajo de Brasil y Costa Rica. También comprobó que la confianza de la gente en cuanto a las actuaciones de la Policía está en un 35.6 por ciento, solo superado por Guyana y Venezuela,

Al margen de ese estudio de Barómetro de las Américas, muchas encuestas locales han detectado que los altos niveles de inseguridad pública constituyen una de las preocupaciones más graves para los dominicanos. Las cifras arrojadas por tantos sondeos y estudios dejan pálidas las cifras exhibidas por el Gobierno en cuanto a mejora en solo uno de los aspectos implícitos en la inseguridad. Más que exhibir estos resultados parciales, el Estado debe hacer énfasis en atacar con más efectividad las causas de la embestida delictiva.

Hay que hacer cumplir la ley

Un defecto que están exhibiendo con mucha frecuencia algunas autoridades es su poca energía en los casos en que un ciudadano que está violando la ley las enfrenta invocando alegadas o reales influencias, políticas o de cualquier otra índole. En este contexto, la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) ha sido víctima de una que otra bravuconada de este tipo, protagonizadas por ciudadanos que creen tener patente para estar por encima de la Ley 241.

En cualquier otro país organizado, el imperio de la ley se hace respetar con la energía que determinen las circunstancias y que esté prevista en la propia ley. Las influencias políticas, los rangos y otras categorías siempre deben estar dentro del redil de las reglas de convivencia que traza el Estado. La autoridad no debe ser abusiva, pero tampoco blandengue.