El gobierno está impulsando nuevos impuestos porque necesita, al precio que sea, elevar sus ingresos para poder pagar los platos rotos del sector financiero. Pero también hay gente del gobierno, de los sindicatos y de la iglesia católica que propugna por un aumento salarial para que los trabajadores y ejecutivos recuperen su capacidad de compra, erosionada por la depreciación del peso y la inflación. Dos aspiraciones que, en principio, parecen saludables y recomendables.

Sin embargo, yo considero, a riesgo de parecer excesivamente conservador y hasta contrario a los intereses de los trabajadores, que si ambas medidas fueren puestas en ejecución, entonces tendríamos que prepararnos para ver nuestro débil aparato productivo sucumbir, por quiebra o por cierre. La razón es sencilla: las industrias dominicanas, el comercio, la agroindustria, la construcción, las empresas de transporte, las pequeñas, medianas y microempresas y muchas otras no soportan, en una situación de crisis como la actual, nuevos impuestos y alzas salariales.

Tanta ha sido la propaganda que los distintos gobiernos han hecho sobre la fortaleza y el vigor de nuestra economía y sobre su capacidad para crecer, etcétera, que son muchos los dominicanos, millones, los que consideran y están convencidos de que la nuestra es una economía verdaderamente robusta. Y no lo es. Eso es pura propaganda de políticos demagogos –que lo son casi todos— y de gente que vive creyendo en los aretes de la luna.

La economía criolla tiene sectores fuertes como la construcción, el turismo, las finanzas y las zonas francas y las comunicaciones, pero ninguno son grandes creadores de oportunidades de trabajo ni pagan salarios que puedan considerarse suficientes para solventar con facilidad las necesidades diarias de un hogar, con la excepción de las telecomunicaciones. En cada caso también habría que excluir a los ejecutivos, por supuesto.

La economía criolla convive con una población altísima de personas, hombres y mujeres, que son pobres e indigentes, a pesar de que, paradójicamente, la mayoría tiene trabajo. Pero ocurre que sus salarios no aportan los ingresos necesarios para comprar los alimentos y servicios básicos.

Ni hablar tampoco del déficit en el suministro de salud y del déficit de aulas para que los niños y niñas en edad escolar reciban docencia, tal y como acuerda la Constitución de la República.

En otras palabras, el perfil de la sociedad dominicana no es el de una nación que tiene una economía vigorosa y fuerte. Tenemos, eso sí, una economía con sectores que crecen de forma esperanzadora para el futuro. Sobre todo si el gobierno central promueve una reforma política que haga posible una mejor redistribución de lo que ordinariamente se llama la riqueza nacional o la renta del país.

Entonces, qué ocurre. Sencillo: hay unos 3.5 millones de hombres y mujeres, de cuatro millones, aproximadamente, que tienen sus puestos de trabajo en la agropecuaria, en la industria en general, en el comercio, en otros servicios, en la construcción y en el turismo, principalmente, que quieren mantener sus puestos aunque no reciban los ingresos que desearían o que necesitan. Pero si en la coyuntura actual el gobierno eleva los tributos, como está procurando hacerlo, y también dispone una alza salarial, mucha de esta gente será sacada de las nóminas de sus empresas.

Porque, como deben entender los sindicalistas, los políticos demagogos y los burócratas del gobierno, todos los empresarios del país, absolutamente todos, hacen grandes esfuerzos para evitar que sus negocios y firmas queden seriamente lesionadas o desaparezcan como consecuencia de los embates de estos dos huracanes, como son la inflación y la depreciación del peso frente al dólar.

Y parece que todavía es mucho lo que falta por aguantar.

De manera, pues, que yo creo que lo más sensato ahora es tratar de conservar los empleos que se tienen, con todo y sus magros salarios. Peor sería perderlos para ir a la casa a no hacer nada o para ir a buscar otros puestos de trabajo que por el momento no aparecerán.

Lo económicamente saludable hubiera sido que el gobierno se planteara una disminución de los impuestos para estimular la inversión y tratar de superar la coyuntura económica, pero las autoridades están peligrosamente enredadas en los efectos de una crisis bancaria enfrentada con medidas heterodoxas.

De todos modos, ojalá que no se caiga en la tentación política de elevar los impuestos o crear otros nuevos y al mismo tiempo disponer alzas salariales.