En el addendum al presupuesto nacional la atención pública se ha concentrado en la derogación provisional del 4% para la educación. Sin embargo, en dicho proyecto de ley se enumeran veintiocho préstamos con los cuales se nutrirá el presupuesto del año que viene. De esos algunos ya han sido aprobados por el Congreso, pero otros tendrán que ser presentados al mismo. Algunos no son objetables, como los que se han tomado, o se tomarán, al BID, Banco Mundial, FMI, la OPEP y al Banco Europeo de Inversiones.

Sin embargo, también incluye trece préstamos, que suman el equivalente de la friolera de US$1,430.5 millones, con bancos privados, para proyectos llave en mano, sin licitaciones, que sí son muy objetables. Tienen un periodo de gracia mínimo de apenas dos años, para que la amortización no caiga durante este gobierno y la tasa de interés es comercial, con una amortización mínima de apenas siete años. Son el tipo de préstamos que caracterizaron al gobierno de Hipólito Mejía y algunos de los intermediarios de aquel entonces han sido ahora acercados a Leonel Fernández. Aunque es cierto que durante el 2011 se amortizará parte de la deuda externa vigente y que no todos los US$1430.5 millones se desembolsarán en ese año, no es menos cierto que estos nuevos préstamos aumentarán la deuda externa a niveles que harán muy difícil lograr el objetivo bajo el programa con el FMI de bajar, en el 2012, la proporción del PIB representada por la deuda total país.

El representante local del FMI consideró el nivel de la deuda adecuado pero que no debía de agregarse más préstamos, por encima de los acordados. Sería útil conocer su punto de vista sobre el addendum.

La sobrevaluación de estas operaciones funciona por la ausencia de licitaciones para la compra de bienes, o la construcción de obras. Por ejemplo, hay una operación de US$160 millones para “modernizar la Policía Nacional”. De seguro no se pedirán diferentes cotizaciones para vehículos, etc., directamente a los fabricantes, sino que una empresa intermediaria hará las compras. Así fue también durante el gobierno de Hipólito Mejía.  Hay un préstamo de US$265 millones para rehabilitar la carretera Uvero Alto-Miches. Allí no se invitó al BID o al Banco Mundial para cotizar un préstamo para las obras, sino que el contratista, con su paquete financiero, ya está  preseleccionado. Los US$100 millones para el acueducto de Puerto Plata corren igual suerte y US$92 millones para un hospital en Santiago. Se ha anunciado que para el préstamo equivalente  a US$266 millones para el Metro se hicieron licitaciones.

Según una legislación vigente desde el 2006 se requieren licitaciones para obras y compras. También es cierto que la comunidad internacional ha estado presionando al gobierno de Fernández para que transparente las obras y las compras y que después de reuniones en el Palacio con representantes del BID, Banco Mundial, la Unión Europea y el AID, se decidió anunciar que la Contraloría no autorizaría ningún pago si no existe previamente una licitación.

Eso también implica que no firmaría un pagaré a la banca privada internacional, resultante de estos préstamos, si no se comprueba la transparencia previa. Pero sabemos que no será así. Una vez aprobado por el Congreso, sin licitación previa, estos créditos se convertirán en deuda externa nacional.

La amortización de la deuda externa e interna, más sus intereses, ya representa una alta proporción de todos los ingresos fiscales. A eso agréguese la proporción que va para subsidiar a la CDEEE y la otra para la nómina excesiva. El resultado es que para inversiones públicas no hay recursos internos  y por eso el gobierno acude masivamente al endeudamiento externo para construir esas obras. Ya es un círculo vicioso.

Con austeridad habría con qué hacer obras sin endeudamientos.