Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos prometió ayer que, pase lo que pase con la reforma migratoria en el Congreso, pondrá en marcha medidas para recrudecer el combate a la contratación de inmigrantes indocumentados.

Durante una audiencia ante el subcomité de Inmigración del Senado, representantes del Gobierno dijeron estar decididos a recrudecer la inspección de los sitios de trabajo y la verificación del estatus migratorio de los empleados, que conforman uno de los ejes de la reforma migratoria que estudia el Congreso.

La reforma de 1986, que legalizó a unos tres millones de indocumentados, ya incluía sanciones empresariales, pero éstas no se aplicaron plenamente por falta de recursos, entre otros factores.

“Queremos evitar caer en los mismos errores con esta nueva legislación”, dijo Stewart Baker, subsecretario de políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“No esperamos que los empleadores se conviertan en detectives, pero queremos que sean nuestros socios” en la lucha contra la inmigración ilegal, agregó Baker, al anotar que en muchas ocasiones, las multas a las empresas son inferiores a las emitidas por una infracción de tráfico.