Alegadamente restringido por la crisis económica y los ajustes pactados con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha consignado para la Educación  en el presupuesto del 2005 un monto que mantendría al país entre los que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) dedican  a la enseñanza en este hemisferio.

La propia secretaria de Educación, doctora Alejandrina Germán, confirma que a pesar de que para el año entrante la cartera  recibirá 512 millones de pesos más de lo solicitado, según fue aprobado ya por la Cámara de Diputados,  no se alcanzará “lo deseado”.

El promedio del PIB como inversión al sector educativo en América Latina es de 4%. En República Dominicana todavía no llegamos al 2% a pesar de que detrás de cada gran problema social está el déficit básico de formación que se manifiesta en muchos ciudadanos. Es alta la deserción escolar y notablemente deficiente la calidad de la docencia que reciben aquellos que permanecen en las aulas por lo menos hasta recibir un título de bachiller, que pertenecen, en verdad, a una minoría de la nación.

Con un presupuesto que sería algo más de $17,000 millones (cuando las autoridades aspiraban, modestamente, a que superara siquiera  un poco los  $19 mil millones)  el Estado sigue posponiendo el momento en que deberá asumir  la responsabilidad de proveer todos los recursos que el país debe emplear en lo que en lógica constituye la vía más  idónea  para superar alguna vez las graves insuficiencias  materiales y morales que se traducen en pobreza y atraso en muchos aspectos de la vida nacional.

A negociar con base

En su momento, hace poco, generó expectativas la actitud  que los médicos organizados y el gobierno asumieron para abrir espacio a  un nuevo diálogo, lo que trajo al país una leve tregua. Los profesionales de la medicina, a los que el presidente Leonel Fernández llegó a diagnosticarles  “huelguitis aguda”, suspendieron uno de los tantos paros de hospitales que con persistencia colocan en el calendario de la vida nacional. Sectores representativos coinciden en criticarles a los médicos su excesiva disposición a la paralización.

Pero también se critica que el Estado no dirija recursos suficientes para el mejor funcionamiento de los centros hospitalarios y para remunerar con equidad a quienes en ellos sirven.

Las partes  en este gravoso conflicto estuvieron antenoche en un tanteo cortés y se entiende que fue reafirmada la buena voluntad y se aceptó casi como algo ineludible conciliar intereses.

Desde luego, con eso no basta.  Y  dicho sea con justicia, es al gobierno al que corresponde ser concreto,  abierto hacia posibles fórmulas de entendimiento que conduzcan a recuperar para la sociedad el buen funcionamiento de la extensa y vital infraestructura constituida por hombres y mujeres de la medicina, a los que todos qusiéramos ver trabajando normalmente, a partir de haber recibido, por lo menos, un aumento de sueldo parcial, pero como punto de partida para  un proceso de transacciones en el que unos y otros (gobierno y colegio) cedan en sus posiciones al tiempo de recibir algo a cambio.