En dolorosas ocasiones, los asesinatos de mujeres a manos de ex parejas ocurren a pesar de que algunos jueces ordenaron que los potenciales agresores no se acercaran a sus víctimas. Tales órdenes no logran evitar lo peor; ni en este país ni en otros. La solución podría comenzar con la colocación de brazaletes a los hombres de actitudes violentas que pronuncian amenazas específicas. La decisión de implementar en la ciudad de Santo Domingo este control electrónico, anunciada ya por las autoridades como plan piloto en el Distrito Nacional, será un buen paso en la dirección de contener la epidemia de agresiones de género que tanta sangre derrama cada año en República Dominicana. El índice de violencia intrafamiliar en este medio duplica y hasta triplica los de otras naciones más pobladas.

El monitoreo electrónico con dispositivos colocados en las muñecas de varones agresivos debería incluir, como será en España en corto plazo, la asignación de pequeños receptores de radio a las mujeres para que de manera instantánea sean alertadas de la aproximación de los individuos de propósitos destructivos contra ellas. Está comprobado que los esfuerzos aplicados hasta ahora para proteger a la vulnerable población femenina no son suficientes. Procede invertir en la modernización de procedimientos para combatir la violencia que a diario nos horroriza.

Reposición que no debe tardar

América y parte del resto del mundo rechazaron el golpe de Estado al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y la Organización de Estados Americanos  votó a unanimidad en  demanda del  regreso inmediato del legítimo mandatario. Para lograr este objetivo el concierto de países debe mantener con firmeza su decisión. El régimen golpista debe ser  sancionado con una constante denuncia contra la ilegalidad que han logrado hacer permanecer. Un boicot en las relaciones económicas y de  cooperación entre Estados ha de ser una  respuesta sin desmayo a la ruptura del orden, sin perjuicios  al pueblo hondureño.

La restitución del gobierno democrático de Honduras no debe demorararse porque supondría un triunfo para los enemigos del orden institucional y porque además, ninguna votación organizada por la administración de facto podría ser aceptada como la  libre  expresión de la voluntad de la mayoría de los hondureños.