Hoy 
MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
La temática sobre la realidad del Estado Dominicano ha sido objeto de nuestra constante preocupación expresada a través de innumerables artículos de prensa. Siempre hemos creído que ningún Estado puede edificarse sobre el mito, la ignorancia, el corrupto personalismo, el irrespeto político, y la ausencia de una auténtica clase social dirigente que como tal posea una visión prospectiva de nación.
Hemos repetido hasta la saciedad que el «Estado dominicano» ha sido históricamente una entelequia, una petición de principio cuya realidad se sustenta en la suposición de que debe existir. En esa situación el gobierno usurpa de facto el mayestático rol del Estado y actúa como «ley, batuta y constitución». Porque la «Carta Magna», que debería ser el acta de nacimiento del Estado, es en realidad un bastardo de pacto social.
En más de una ocasión hemos escrito que la sociedad dominicana se agita movida por fuerzas centrífugas que apuntan a la anarquía y la disolución, y que si no somos capaces de imponer internamente el orden como exigencia de un mundo globalizado; nos lo impondrían forzosamente desde afuera.
Un país en que el poder público es particularizado para beneficiar espuriamente a pequeños grupos de políticos, paniaguados y allegados, en perjuicio de la colectividad; cuyo sistema de instrucción pública a niveles primario y secundario es una fábrica de ignorancia; en el que los servicios de salud pública son una permanente fuente de conflicto y de marginación de los menos pudientes; cuyos congresistas zarandean y atropellan a placer e interés partidario la «Constitución de la República»; que vivió cuatro años en que la ignorancia, la desfachatez, la desvergüenza y la corrupción sin límites habitó la casa de gobierno para saquear bienes públicos y privados, sin freno, advertencia ni respuesta de clase civil dirigente alguna; y que para cohonestar la crisis del propio desempeño, no vaciló en provocar una crisis mayor en el sistema bancario y apropiarse ilegítimamente de cuantiosos bienes privados para financiar su campaña electoral en perspectiva.
Cómo calificar un estado de cosas que los acontecimientos más recientes parecerían confirmar una tácita relación con el narcotráfico internacional. Cómo clasificar justa y políticamente un país cuyo sistema judicial tradicionalmente ha funcionado entre la tardanza, la precariedad de medios y hasta el soborno o la denegación de justicia; que nuestro sistema de registro de tierras y de títulos de la propiedad inmobiliaria, que figuraba entre los más eficientes y seguros del continente, sea hoy tan frágil, que cualquier legítimo propietario podría de la noche a la mañana ser despojado en secreto de su heredad inmobiliaria.
En pleno siglo veintiuno, el «Estado» dominicano carece de un adecuado «ordenamiento territorial», ha perdido en medida preocupante el control de su territorio fronterizo, y ha sido desbordado por el éxodo migratorio haitiano, en vías de convertirse en una real «folkewanderung». Es tan lábil la protección de nuestro patrimonio ecológico, que desde el mismo Congreso «nuestros legisladores» han abierto los parques nacionales y sus áreas ecológicas protegidas, a las ofertas y demandas de los «buenos postores». El futuro de la nación ha sido puesto en subasta.
Cómo calificar a un Estado cuya institución policial represiva, vigilante y garante por antonomasia del orden público, dé albergue a delincuentes organizados con fines de lucro.
Para nuestros políticos, el creciente proceso de urbanización solo pesa cuantitativamente en una aritmética electoral. Cada ciudadano elector: un voto; cada comunidad: una suma para ganar. Problemas y conflictos antropológicos, sociológicos, urbanísticos, comunitarios, económicos, de familias y personas enfrentadas a la supervivencia en medio de la pobreza en todas sus degradaciones, solo existen para el político durante el efímero período electoral. A tantas precariedades que abruman las densas concentraciones barriales en nuestras mayores urbes, se suma el ya incontrolable flagelo de la delincuencia criminal de personas y bandas armadas, que han convertido barriadas populosas en territorio de nadie, porque allí no se atreven ni policía ni representante alguno de la ley y el orden, lo cual mantiene a sus pacíficos moradores en perpetua zozobra. Ya hay indicios de acción directa de los indignados pobladores para poner la justicia en sus propias manos en vista de la inoperancia de las instituciones del orden público.
El lucro afanoso y excluyente, es el factor aglutinante del gregarismo social dominicano. Los pudientes ricos dominantes, rivalizan entre sí encastillados en sus ciudadelas empresariales. Actúan como autárquicos gestores de ventajas, privilegios, y ganancias; no como líderes visionarios de una clase dirigente solidaria, moralmente comprometida con el destino auspicioso de la nación.
De espaldas a tan tremendas realidades e ignorando que la credibilidad de la gente en los políticos está en el piso, y el desacreditado sistema de partidos al borde del colapso, aquellos, todos una, desatan la crisis adicional o de la guerra intrapartidaria para afirmar sus posiciones de poder y control político. No para iniciar y liderar un proceso de reforma partidaria que la ciudadanía está pidiendo a gritos.
El tétrico escenario que a grandes rasgos hemos descrito, nos fuerza a concluir que la sociedad dominicana se mueve incontrolablemente hacia el caos, la anarquía y la disolución, y que el calificativo de «estado fallido», cual que fuere su intencionalidad y ulterior propósito, bien podría ser un piadoso eufemismo que nos obliga a revisarnos: desapasionada, seria, objetiva y pragmáticamente.
