Prende en algunos sectores la idea de volver a celebrar en un mismo año las elecciones congresionales, municipales y presidenciales, para atenuar  los proselitismos casi sin pausa que el país sufre con la actual alternación. Preocupa desde ya que en el marco de las fórmulas posibles para la reunificación algunos legisladores –según fuentes de total crédito- acaricien el sueño de extender su actual  mandato de solo cuatro años a seis, para que a partir del 2012 los comicios coincidan. Inaceptable paso político y violatorio de la Constitución sería que autoridades  añadieran dos años más  a la gestión sin haber sido electas expresamente para  seguir ejerciendo poderes.

Constituiría una nueva decisión odiosa por parte de quienes en  este momento se encuentran en el ejercicio legislativo para   obtener  un  inmerecido e ilegítimo beneficio personal.

Poco se diferenciaría del acto, vía golpe de mano o asonada,  de asumir funciones del Estado sin la previa expresión de la voluntad popular. Adulterar de esta forma los mecanismos institucionales que dotan a la nación de legisladores está desde ya plenamente condenado  por la ciudadanía.

Por  la eficiencia  y más ingresos
Amplios sectores le han tomado la palabra con entusiasmo al Presidente Leonel Fernández cuando desestimó una reforma creadora de impuestos en este momento. Y como ciertamente el país está bajo presiones sobre las disponibilidades del Estado, es encomiable que el primer mandatario se acoja a la única salida conveniente: reducir gastos, mejorar las recaudaciones que ya existen y, diríamos que además, deberá someter las inversiones públicas a un orden que da prioridad a los proyectos de menor costo y mayor beneficio para el país.

Dio a entender el Jefe del Estado que buscará formas de obtener más ingresos sin crear cargas, lo cual es totalmente factible. El gobierno tiene autoridad sobre recursos diversos y áreas de negocios, y otorga concesiones y facilidades para la explotación  de riquezas naturales, entre ellas las mineras. Sus límites son los intereses generales de la nación, absteniéndose de otorgar privilegios o de propiciar monopolios que vulneren la libre competencia, además del absoluto respeto al ecosistema.