MARIEN ARISTY CAPITAN
Tras nueve meses de constante labor, ellas llegaban con su sabor a «trabajo y tesón». Aunque pequeñas, porque ninguna de las tres alcanzábamos los diez años, las vacaciones no nos eximían de levantarnos temprano ni de asumir jornadas llenas de «responsabilidad».

En esos tres meses, donde las aulas eran cambiadas por la farmacia que tío Saso y tía Pilar tenían en la Duarte esquina México (eso fue antes de la ampliación de la calle, por supuesto), hacíamos los más variados quehaceres: desde limpiar galones y llenar frascos de cápsulas hasta despachar, en caso de que fuera muy simple, algún pedido.

Amén de que nuestro pago era más bien escaso y que la compensación fácilmente se traducía en surtidas porciones del calcio que estaba en la trastienda, cuando recuerdo aquellos días de «intensa labor» no puedo más que sonreír y pensar en lo mucho que papá nos enseñó al buscarnos un segundo «oficio» desde bien pequeñitas;   el primero era el colegio, evidentemente, y estaba mejor «remunerado» .

Con la lección aprendida desde la más tierna infancia, y sin habernos sentido jamás explotadas, Pilar, Begoña y yo crecimos con la firme convicción de que la única vía de progresar es estudiando y trabajando honestamente. Nada es gratis, tal como hemos escuchado desde siempre de nuestros padres, por lo que jamás hemos olvidado que tenemos que esforzarnos para alcanzar nuestras metas.

Es por esa razón, supongo, que me indignó tanto leer el segundo «Informe alternativo de organizaciones de la sociedad civil sobre la aplicaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción», realizado por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, en el que más de trescientas organizaciones denuncian que la ausencia de reglas claras acerca de la valoración de los sueldos del Estado ha permitido que la política salarial de muchas instituciones gubernamentales se haya transformado en un nuevo mecanismo de corrupción.

Y la corrupción, sostienen, se disfraza con abusivos aumentos de sueldos, compensaciones e incentivos que tienen una aparente base legal pero nunca son transparentados. Producto de ello, tenemos funcionarios que devengan hasta 225 veces el salario mínimo.

Estamos hablando, en realidad, de personas que tienen ingresos que sobrepasan el medio millón de pesos dominicanos mensuales y, en algunos casos, llegan a los novecientos mil pesos. Esto es entre US$15 mil 500 y US$27 mil mensuales.

Al ver este dato, no pude más que recordar que el presidente de España, José Luis Zapatero, gana siete mil euros al mes (cerca de RD$300 mil). Comparando ambos salarios, uno se pregunta: ¿cómo es posible que el gobernador del Banco Central o un juez de la Cámara de Cuentas o de la Junta Central de un país tercermundista y macondiano gane mucho más que un jefe de Estado del primer mundo?

Quienes justifican esta práctica argumentan que se trata de instituciones autónomas y descentralizadas. Al reparar en ello, me entran escalofríos puesto que son muchos los programas de descentralización y reforma del Estado que se están llevando a cabo en estos momentos (algunos financiados por organismos internacionales, inclusive).

Siendo un poco macabra y pesimista, me pongo a elucubrar en lo que podría pasar si descentralizamos todas las dependencias gubernamentales y le damos autonomía a los titulares de esas carteras: nos dejarán sin un solo peso.

Si ya hacen lo que les da la gana, y le pagan a los «compañeros» lo que les inspira, es fácil figurarse lo que pasaría si tuvieran aún más libertad: la nómina pública, que ya es un lastre difícil de cargar, se elevaría por los cielos.

Dejando esta posibilidad de lado, es oportuno proponer algo tan atinado como imposible: urge redactar un proyecto de ley que establezca escalas salariales a técnicos, funcionarios y empleados; limite los beneficios y obligue a que se establezcan los concursos como mecanismo para contratar a quienes postulan para los cargos.

Como país no podemos seguir permitiendo que se sigan burlando de nosotros a esos niveles. Es difícil lograrlo, lo sé, porque quienes se están lucrando a costa de nosotros no querrán hacer una ley que podrá fastidiarlos. Al parecer, ellos nunca trabajaron un verano. Tampoco nadie les enseñó que el engaño y el abuso no eran propios de un buen ciudadano. Por estamos como estamos.