Existe cierto pesimismo de  que se pueda llegar a un nivel de consenso, que haga posible y sostenible el pacto por una reforma fiscal integral. Algunos sectores empresariales y sociales han sido reiterativos en decir que la base de todo acuerdo descansa en una previa discusión sobre cómo se distribuirían los recursos que obtendría con la reforma. El gobierno es reticente a este abordaje, porque el mismo conduce al esclarecimiento de la situación económica que realmente hereda.

Abordar el tema, como lo plantean algunos empresarios y el sector de la sociedad civil más comprometido con los mejores intereses de este país y que participan de las discusiones preliminares sobre la referida reforma, obligaría a Danilo Medina a hacer público lo que encontró: una administración pública devastada por el dispendio, repartición y saqueo de los recursos públicos durante la gestión de Leonel Fernández, que lo conduciría a una confrontación con éste, para lo cual todavía no parece estar preparado.

Medina querría tiempo para manejar la contradictoria situación de ocupar el primer puesto de mando de la administración pública, pero no el poder para reorientarla según su deseo y de algunos de sus seguidores. Siguiendo su gusto por el tacticismo, quiere una reforma fiscal para tener los recursos que permitan acometer su programa de gobierno y cierta legitimidad, pero evitando o posponiendo una confrontación con la facción partidaria que le adversa y con la que cohabita.

Con esa reforma, el equipo económico del presente gobierno, prácticamente el mismo del anterior, quiere recaudar cerca de 44 millones de pesos, casi la misma cantidad de dinero que en su momento dijo Fernández que tenía identificada para hacer de Medina un presidente y mantener a su partido en el poder.  Cierto es que el gobierno necesita recursos, para mejorar las condiciones de vida de la población, pero si eso quiere, debe hacer un ejercicio de transparencia, dando señales de que realmente introducirá cambios sustanciales en la forma de conducir la cosa pública.

Y es que, en fin de cuenta, toda reforma en el ámbito de la economía si quiere ser sustancial (para bien o para mal de uno u otro sector) necesariamente debe entrar en el ámbito de la política. Ninguna reforma fiscal, por más integral que pueda ser, no es sostenible en el tiempo sin una reforma política orientada hacia la equidad del gasto, la racionalidad y la transparencia.

No puede ser sostenible, si seguimos siendo el país donde cada voto electoral es cinco y seis veces más caro que varios países de la región, con los congresistas, alcaldes y regidores más caros del continente, con jugosas pensiones para funcionarios, con dependencias estatales para pagar favores a grupúsculos políticos, entre ellos a uno abiertamente xenófobo que maneja la cuestión migratoria con el segundo socio comercial de este país, con una JCE dispendiosa, discriminatoria y corrupta.

Con  un sistema electoral excluyente y una centralización de los poderes en solo partido, difícilmente una reforma fiscal logrará detener el camino hacia el despeñadero, independientemente  de la pertinencia que ésta pueda tener. Por eso, más que de una reforma fiscal, este país está urgido de una profunda reforma política.