Más que papeles y discursos

Más que papeles y discursos

Ocho meses parece un tiempo razonable para que la sociedad empezara a apreciar resultados de la Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC), lanzada por el Gobierno para combatir los actos indecorosos en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, varias organizaciones cívicas que dan seguimiento a estos asuntos dicen haber comprobado que de quince instituciones vinculadas al IPAC solo tres han elaborado sus respectivos planes operativos para aplicar esta  iniciativa tan necesaria. El resto, por diversas causas, no tiene logros que exhibir en cuanto a cumplimiento de compromisos contra la corrupción.

El rezago de la mayor paría de estas entidades revela una terrible falta de voluntad política para poner en marcha los planes anticorrupción.  Y no es pecado exclusivo de esas agencias oficiales, pues quienes han debido supervisar el cumplimiento de los plazos de ejecución, si los hubiere, evidentemente no han hecho la parte que les corresponde.

Ante esta situación, ha hecho bien la sociedad civil en empoderarse, a través de diversas organizaciones, para dar seguimiento a la iniciativa anticorrupción y velar porque se cumplan los plazos para poner en marcha las estrategias necesarias.

La lucha contra el flagelo de la corrupción administrativa tiene que ser más que papeles y discursos.

La docencia no se puede detener

El incidente que interrumpió por un día la docencia a unos 500 estudiantes del Centro Educativo Villa Progreso, de Santiago, no debe repetirse bajo ningún pretexto o causa que no sea de fuerza mayor.

Molesto por el atraso del Ministerio de Educación en el pago del alquiler del local, el dueño del mismo sacó a los estudiantes y éstos perdieron un día de clases. Se permitió su retorno después que Educación efectuó un pago.

Eso es algo que no debe ocurrir. La enseñanza es un compromiso que no debe ser interrumpido ni siquiera en casos como el que se comenta, sin que decir esto signifique en modo alguno pretender desconocer los derechos de propiedad.

Y el Ministerio de Educación debió ceñirse a los términos del contrato de alquiler, y honrar el compromiso de pagar en los plazos convenidos.

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