El porcentaje del Gasto Público destinado a la educación (entiéndase pre universitaria) alcanzó en la República Dominicana su nivel más alto, 16.4%, en 1982. Luego, descendió gradualmente hasta la cárcava de 9.5% en 1989.

Por razones de espacio, no reproducimos las tablas estadísticas que muestran esas fluctuaciones. El lector interesado puede consultar la obra “El Gasto Público Social de la República Dominicana en la Década de los Ochenta” de Miguel Ceara y Edwin Croes. Si lo hace, se daría cuenta que en la medida en que la proporción del Gasto Público destinado a la educación descendía en esos años, el destinado a la Presidencia de la República ascendía de más en más. Desde los inicios de la década de los años 90, dicho porcentaje comenzó de nuevo a recuperarse hasta alcanzar un 16.4% en el año 2000, llegando en ese año a sobrepasar la norma que fija la Ley General de Educación 66-97.

A partir del año 2002, el porcentaje del Gasto Público destinado a educación comenzó gradualmente de nuevo a descender hasta la fosa de menos de un 10% en el 2008.

Lo que muestra que, a pesar de la voluntad política de los gobiernos de invertir más en educación, reflejada en el creciente aumento de la proporción del gasto público destinado a ese sector en la década de los años 90, tal y como está estructurado el Presupuesto Nacional, el financiamiento de educación con recursos provenientes de la Hacienda pública pudo haber llegado a su límite.

Es harto sabido que, en la actualidad, el sistema de instrucción pública de la República Dominicana es el peor financiado de la América española y de muchas otras parte del mundo. Desde el Presidente de la República  hasta el humilde conserje de escuela pública están consientes de que es así.

El hecho mismo de que la baja inversión en educación se pregone con tanta insistencia es ganancia de por sí.

Ningún dominicano habrá de entender que países mucho más pobres que el nuestro inviertan más en educación que la República Dominicana y, por vía de consecuencias, dispongan de más y mejores escuelas.

Al final de la Cumbre recién celebrada, dos influyentes ministros del gobierno del presidente Fernández declararon a los medios de comunicación que la economía dominicana no permitía una inversión en educación equivalente al 16% del Gasto Público o al 4% de PIB.

Incluso, dieron a entender que lo especificado en la Ley General de Educación 66-97 era una especie de demagogia política y que, en ese aspecto, dicho edicto jamás se cumpliría. Nos preguntamos, sí en la década de los años 90, los gobiernos llegaron a invertir en educación más del 16% del gasto público, ahora ¿por qué no?

Señores de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo, en la formulación de las leyes General de Educación 66-97, Ley 5778 sobre Autonomía y Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología intervinieron personas y versadas en materia de educación, en materia de economía o en ambas ciencias a la vez.

El discurso que el presidente Leonel Fernández pronunció ante la Asamblea Nacional con motivo de la celebración del 165 aniversario de la Independencia despertó la esperanza de un mejor país. Entre otras medidas, el mandatario peledeísta, optimista y muy confiado en sí mismo, dispuso la asignación de 4 mil 90 millones de pesos adicionales para la Secretaría de Educación.  Dicha suma se empleará en la construcción de 1,500 aulas, la reparación de mobiliarios y en la sustentación de una campaña de alfabetización de adultos. En su alocución el mandatario peledeísta manifestó su intención de que la proporción del Gasto Público a invertir en educación sea la estipulada en el Art. 197 de la Ley General de Educación. Aunque a pasos lentos, parece que avanzamos.