Washington
EFE.  En el décimo aniversario de los ataques del 11-S, que provocaron un endurecimiento extremo de las medidas de seguridad en EEUU, las autoridades siguen en guardia ante Al Qaeda y sus afiliados, sin descuidar nuevas amenazas dentro del propio país.  

Los ataques perpetrados con aviones de pasajeros que organizó la organización terrorista aquel 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania, obligaron a las autoridades a redefinir la seguridad interior al comprobar que la amenaza terrorista en suelo estadounidense era una realidad.  

Desde 1814, año en que las tropas británicas incendiaron Washington, Estados Unidos no había sufrido un ataque en su territorio continental; el precedente de agresión más cercano -el inesperado ataque japonés contra Pearl Harbour en diciembre de 1941- se había desarrollado en mitad del Pacífico.

“Lo interesante mirando hacia atrás es que no estábamos preocupados; desafortunadamente el mundo cambió ese día”, dijo a Efe Al Martínez, exsecretario adjunto de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el sector privado, un despacho que hace de nexo entre ese departamento y dicho sector en materia de seguridad.

Desde entonces detectores de metales, normas más estrictas de entrada y salida, como la autorización de viaje para turistas que vayan de vacaciones al país, conocida como ESTA, y más controles, han marcado la tónica de los viajes a EEUU.  

La política de inmigración en general sufrió un endurecimiento.   “No es que no nos preocupara, habíamos tenido algunos casos de terrorismo como los ataques al World Trade Center en 1993 y los atentados de Oklahoma City, pero en general el público estaba más confiado en que no sufríamos ningún tipo de amenaza».  

Martínez señaló que uno de los problemas que afrontó el país tras los ataques es que no había un enemigo identificable como en la Guerra Fría. “Ya no es un Estado, es un concepto, una ideología, un grupo, un grupo relativamente pequeño pero muy ágil”, por lo que, a su juicio, se hacía imprescindible compartir información.

Precisamente ése fue uno de los fallos que encontró la Comisión nacional bipartidista que investigó los atentados- las agencias federales no pudieron ver en su conjunto las pequeñas pistas que los terroristas habían ido dejando.  

Para el comisionado de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Thomas Winkowski, “el 11 de septiembre cambió nuestras vidas personalmente y en las fronteras. Lo que queremos es asegurarnos de que tenemos a la gente adecuada, con los mejores sistemas y la mejor tecnología para hacer frente a la amenaza».   En un encuentro con la prensa días antes del aniversario aseguró que Estados Unidos siempre estuvo con la vista puesta en el terrorismo “pero realmente no hasta el grado en el que estamos hoy».  

El CBP es uno de los más complejos componentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se ha encargado en esta década de fortalecer la seguridad en los aeropuertos con programas para identificar pasajeros sospechosos en el país de origen, así como con acuerdos bilaterales para poder inspeccionar la carga transportada en barco o en avión. Los pasajeros se han visto sometidos a incómodas y cada vez más sofisticadas medidas de seguridad como los escáneres corporales, que han sido denunciados por algunas organizaciones por violar la privacidad.   Mientras tanto, la amenaza de Al Qaeda está latente y aunque no se han detectado tramas.

Sigue debate sobre   Guantánamo

Washington. EFE. El penal de Guantánamo fue una de las respuestas más controvertidas de Estados Unidos tras los ataques terroristas de 2001 y una década después sigue abierto, pese a que el presidente Barack Obama prometió cerrarlo en un año.

La prisión, situada en la base naval que EEUU posee en el sur de la isla de Cuba, empezó a albergar a sospechosos de terrorismo en enero de 2002 y debía haber cerrado a más tardar el 22 de enero de 2010.  

El Gobierno del presidente George W. Bush decidió recluir e interrogar allí, ante tribunales militares, a los sospechosos más peligrosos, que estaban siendo detenidos durante las operaciones militares emprendidas en Afganistán para acabar con el santuario de Al Qaida en aquel país.  

Guantánamo iba a recibir a “lo peor de lo peor”, según la expresión del entonces vicepresidente, Dick Cheney.   Fuera del territorio nacional y de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, Guantánamo se convirtió pronto en el blanco de las críticas.   Organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos fundamentales, a las que se sumaron numerosos gobiernos aliados, denunciaron el limbo jurídico en el que quedaban los detenidos.   Según documentos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), revelados en 2007 como parte de una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), varios reos fueron sometidos desde 2002 a malos tratos y torturas físicas y psíquicas.

Las cifras

119,044 arrestos.    La AP se valió de leyes que protegen la libertad de información en decenas de países, datos de los organismos policiales y cientos de entrevistas para identificar 119,044 arrestos bajo sospecha de terrorismo y 35,117 condenas en 66 países, que representan el 70% de la población mundial. Las cifras reales seguramente son más altas porque algunas naciones se negaron a suministrar información.   El recuento incluye 2,934 arrestos y 2,568 condenas en Estados Unidos, ocho veces más que las registradas en la década previa.   La investigación también mostró que las mayores condenas fueron en Turquía y China.