Más sobre el Presidente en la Constitución de Leonel

Pasando por alto la expresión monárquica, de que “el Presidente es símbolo de la unidad nacional y de la permanencia de Estado”, cuando se trata de un jefe de Estado que controla la función ejecutiva, ni siquiera la primera en la jerarquía del Estado dominicano (Art. 102), le voy a citar al amigo Eduardo Jorge Prats ocho casos de aumento de las atribuciones del Presidente o de reducción en las demás instancias del Poder Público en que incurre el proyecto presidencial.

1. Se reintroduce la reelección virtualmente indefinida del Presidente (Art. 104).

2. El Ejecutivo mantiene el monopolio en la formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto Nacional, al cual puede ahora añadirse un presupuesto “suplementario” inconstitucional, que excluye a los ayuntamientos y los servicios sociales; pero además establece que los capítulos del mismo son solo enunciativos y que el Presidente podrá variar unilateralmente (artículos 219 y 220) y el Congreso solo puede aprobar, so pena de que rija el del año anterior por todo el siguiente. También la fijación de la política migratoria

3. Amplía hasta 250 y deja cercenada las atribuciones del Congreso no solo en lo presupuestal, sino para la elección de otros poderes, como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que en la Constitución de su maestro Juan Bosch (de 1963) son cargos que propone la Cámara de Diputados y los aprueba el Senado (Art. 269).

4. Establece un Congreso Nacional de la Magistratura, en el que solo 5 de 13 de sus integrantes son funcionarios electos, con poderes ampliados, y atomiza al resto de llamado Poder Judicial en cinco cuerpos distintos, lo que liquida su poder: la Suprema Corte, una Sala Constitucional Independiente, un Consejo del Poder Judicial, un Tribunal Contencioso Administrativo y un Tribunal Supremo Electoral (artículos 129, 136, 137, 152, 157 etc.).

5. Mantiene en cambio para el Ejecutivo en todo su vigor su monopolio en torno al Ministerio Público, que es en la práctica casi la mitad del llamado Poder Judicial, con todo su poder represivo y de corrupción política (Art. 159), negando lo establecido en casi todo el mundo, que solo reserva al Ejecutivo la posibilidad de participar en la designación del Procurador General de la República, previa aprobación del Senado.

6. Liquida el gobierno municipal y el liderazgo local, al unir las elecciones presidenciales con las municipales, que retornan al “arrastre”, y mantiene la tutela del Ejecutivo sobre los tributos municipales por decreto, en lugar de dilucidar los conflictos en la Justicia, como corresponde en un estado de derecho (Arts.108-16).

Esas son algunas de las lindezas sobre las atribuciones del Presidente y otras instancias, que plantea el proyecto de Constitución de Leonel Fernández, y que ahora apoyan algunos miembros entusiastas de la Comisión de Juristas.

Si esto no es despotismo, ¿cómo se llama?