Siendo el Ministerio Público parte fundamental en el engranaje del poder judicial dominicano, un proceso de institucionalización en la designación de los jueces no será completo hasta tanto el Ministerio Público no sea sometido al mismo proceso. Esto es justamente lo que ha ocurrido en nuestro país a partir de la modificación constitucional del 1994, que es cuando se crea un Consejo Nacional de la Magistratura, pero el Ministerio Público no acusa progreso permaneciendo total y absolutamente bajo el control del poder ejecutivo.

Existen diversas formulas para comenzar el proceso de independizar e institucionalizar el Ministerio Público, entre ellas se encuentran el sistema de elección de los fiscales por votación directa, el sistema de presentación de ternas y el mismo sistema que se implemento para con los jueces, el sistema de elección por medio de un consejo formado por todos los grupos e intereses políticos calificados.

El objetivo de la independencia del Ministerio Público es lograr que todos los crímenes sean perseguidos sin importar su magnitud ni la autoría de los mismos. Y para lograr esto, el sistema a implementar debe ser cuidadosamente evaluado, de forma que el resultado no pueda doblegarse ante presiones realizadas por quienes ostentan el poder político o económico.

El procedimiento de presentación de ternas tiene el inconveniente de que deja mucho espacio para la negociación política que puede a su vez ser afectada por el abuso de los recursos y poderes del Estado. El sistema de integrar un consejo de personas calificadas provenientes de sectores políticos, similar al de la magistratura, presenta el inconveniente de que se tendría que reunir y definir cada vez que el término de los elegidos se venza, lo que podría, aunque no necesariamente, traducirse en que si los miembros de dicho consejo son los mismos, repitan en sus puestos personas que no han realizado un trabajo efectivo. El sistema de elección por votación presenta el problema de que implica necesariamente nuevas atribuciones al poder electoral, así como nuevos costos en la preparación e implementación de dicho sistema.

A pesar de los costos adicionales que acarrea, desde el punto de vista de institucionalización, tal vez la formula mas efectiva sea la de elección de los miembros del Ministerio Público mediante votación directa por parte de los habitantes de la circunscripción. Este procedimiento garantiza la participación ciudadana en la decisión Estatal de persecución del crimen y además, los miembros que hayan sido electos deberán someterse a escrutinio de la población en caso de que deseen permanecer en sus puestos más allá del periodo elegido. Aunque algunos entienden que este sistema facilita el apadrinamiento de los partidos políticos y que ello constituye un problema, soy de los que por el contrario cree que la participación de los partidos en dichas elecciones puede ser beneficiosa, ya que un candidato auspiciado por un partido de oposición y que surja victorioso, puede inmediatamente constituirse en contra peso o control real del gobierno de turno; cumpliendo de esta forma con la finalidad de fortalecer muy considerablemente la institucionalidad, no ya solo del poder judicial si no de todo el Estado.

Sin duda alguna la realización de este gran paso que culminaría el cumplimiento del primer escalón para entablar el carril que conduce al desarrollo, requiere de voluntad política. Es mediante la propuesta del sistema de elección por votación que los partidos pueden movilizarse e interesarse por el mismo, ya que se les presentaría como una oportunidad de obtener el control de ciertos estamentos del Estado, lo que obviamente a todo partido político ha de interesarle.