El martes pasado, el día antes del vigoroso y claro discurso del Presidente Medina del pasado 27 de febrero, comenté la creciente presión social exigiendo una adecuación de los términos del contrato del Estado con la Barrick. Opiné que ellos pueden tener toda la razón legal del mundo, como creo la tienen al invocar sus derechos adquiridos contractualmente, pero también tiene razón el país al aspirar a que la amortización de la inversión en su planta de Pueblo Viejo no tenga prioridad sobre la amortización de la deuda social y la pobreza nacional.

 El país entero parece haberse alegrado del virtual ultimátum dado por el Presidente a la Barrick. Más dramática no pudo haber sido la comparación revelada por Medina: de cada cien dólares que reciba esa empresa por la exportación de nuestro oro, hasta tanto ella no recupere su inversión, el país apenas recibirá tres dólares. Y eso, que la propia Barrick ha anunciado que sus envíos de minerales representarán a partir de este año casi una quinta parte del total de las exportaciones del país, en todos sus rubros.

 Es entendible la aspiración del gobierno de aprovechar de inmediato los beneficios de nuestro oro igual que como la empresa se ha alegrado de que podría amortizar su inversión en un plazo mucho menor al previsto originalmente. A propósito de esto, fue muy razonable la reacción del embajador de Canadá, al explicar que las relaciones entre nuestros países no dependen sólo del contrato con la Barrick. El de los Estados Unidos, en cambio, blandió su “bigstick” verbal al insinuar casi amenazadoramente que habría “consecuencias”.

 ¿Acaso no es en los propios Estados Unidos, como en el Reino Unido también, donde se ha legislado para que los llamados ingresos “windfall” o inesperados sean gravados para que beneficien tanto al fisco como a las mineras?

 El clima de inversión aquí no deberá sufrir por esta justa aspiración, puesto que lejos de nacionalizar, confiscar o expropiar, el gobierno sólo ha hecho lo que corresponde entre socios: exigir una revisión justa en atención a una realidad que ha cambiado enormemente. Difícilmente, si se hila fino en esa dirección, podrá el gobierno perder cualquier arbitraje si se llegase a esa lamentable instancia.

 Lo más conveniente para el país y para la propia Barrick es ponerse de acuerdo como buenos socios.