Hoy 
Aquí, y en muchas partes del mundo, la labor docente es compatible con el desempeño de cualquier otro cargo público. El doctor Joaquín Balaguer, siendo Presidente de la República, impartía docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Santo Domingo.
El ingeniero Fernando Periche Vidal, mientras ejercía las funciones de administrador del Banco de Reservas, se desempeñaba como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad estatal.
Son muchos los casos como ésos dos que citamos. Es que la mayoría de los altos funcionarios del Estado imparten, o han impartido docencia, en universidades. Y, casi todos ellos, reciben o recibirán pensiones de las instituciones de educación superior en las que sirvieron, además de las que pudieran recibir de parte del Estado.
Recientemente, un juez de la Suprema Corte de Justicia renunció a su pensión de la UASD obtenida en buena lid después de haber servido por años como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal. Una pensión otorgada a alguien que la haya solicitado, como es el caso de la pensión que la UASD le dispensa al honorable magistrado, no se suspende.
Claro está que a su beneficiario le asiste el derecho de no presentarse a la ventanilla de pago a reclamar su importe o de donarlo a una persona física o a una institución.
La mayoría de los docentes de escuelas públicas que ingresaron al servicio en los años difíciles de mediados de la década del 60 del pasado siglo 20, reciben pensiones del Estado que oscilan entre los 8 y 15 mil pesos mensuales. Muchos de ellos padecen de enfermedades que les impiden desempeñar labores productivas.
Como un sueldo o pensión de maestro no llena un plato de comida, sobreviven en medio de grandes estrecheces económicas. Otros, los más afortunados, se mantienen activos, disfrutando de sus pensiones y de otros emolumentos por labores realizadas en una dependencia estatal, según lo especificado en contratos de trabajo.
Se trata de maestros de mucha experiencia y de muy alta formación técnica profesional que el Sistema Dominicano de Instrucción Pública no puede darse el lujo de desaprovechar.
Entre ellos, figuran consultores, gestores, evaluadores, contrapartes nacionales en programas de ayudas y asistencias extranjeras y hasta servidores en altas posiciones del Estado. A esos maestros y catedráticos el gobierno no les está regalando nada. Simplemente les está devolviendo el dinero que por años aportaron al Plan de Jubilaciones y pagándoles por las labores que actualmente realizan.
