Recientemente expresé mi desacuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional partes de la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento en cuanto a la responsabilidad de directores de medios de prensa al publicar declaraciones difamatorias expresadas por cualquier persona.

El tema no deja de tener vigencia. El abogado Rafael Luciano Pichardo, reciente vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, ha publicado este lunes un magnífico artículo explicando la cuestión de manera coincidente a mi artículo sobre el tema. Todo interesado seriamente en materia de prensa debe leer el artículo del magistrado Luciano Pichardo y meditarlo detenidamente.         

El caso que motivó la sentencia comentada por mí y por Luciano Pichardo se trata de un director de periódico demandado por don Hipólito Mejía por publicar declaraciones de un senador acusándolo de vínculos con un narcotraficante mexicano. Si la declaración del legislador no se publica, ¿habría habido difamación? ¿Acaso no se incurre en una flagrante violación a ley y a los mejores principios del periodismo al publicar imputaciones sin fundamento de tan grave alcance, sobre todo contra un ex presidente que era candidato presidencial?

Aunque quizás el director o periodista no debería ser el acusado principal cuando reproduce opiniones de otro, es claro que si ese otro se encierra en un closet a vociferar diatribas no incurre en difamación hasta tanto ocurre la publicación, cuya responsabilidad es del medio en la persona de su director.

Es imprudente e insensato darle a cualquier periodista, sea director o no, la facultad de excusarse bajo el espurio alegato de que “eso lo dijo otro” para publicar cualquier barrabasada. Me sigue pareciendo que ni el senador deslenguado que acusó a don Hipólito ni el director que lo publicó deberían celebrar mucho la declaratoria de inconstitucionalidad, puesto que la misma no les ha exonerado del ilícito puesto a su cargo por el Presidente Mejía.

Si bien nadie debe ser penalmente responsable por el hecho de otro, como sabiamente establece nuestra Constitución, tampoco puede existir patente de corso o impunidad cuando se viola el derecho al honor, la intimidad, la dignidad y la moral de las personas. Aquel que publica que alguien está vinculado al narcotráfico, y quien lo afirma, deben poder probarlo o responder ante la justicia.

Reitero: ¡es monstruosa la noción del periodismo sin responsabilidad!