LEONEL RODRÍGUEZ U.
Durante mucho tiempo hemos sido críticos del otorgamiento por el sistema del «grado a grado». El 7 de enero de 1997 escribimos para el periódico Hoy «Las derivaciones del grado a grado», consignando en ese artículo los perjuicios para el Estado a que la práctica del sistema conlleva. Muchos lectores nos decían, «deberían publicarlo todos los días».

Siempre opinamos que no se requería de ley alguna para erradicarlo; que era cuestión de voluntad, que con un solo plumazo se podía abolir. Igual indicamos muchas veces cómo abordar las obras de emergencias, con llamados a los profesionales y empresas precalificadas y soltearlas si las dependencias gubernamentales no disponían de los equipos necesarios para resolver. El «grado a grado», varias veces criticado por los gobernantes del país, pero sin tomar medidas para eliminarlo; también aupado como necesario para que caminara la nación.

Como la peor lacra administrativa lo catalogaron; que el tráfico de influencia conducía a la corrupción, dijo otro. Que eliminando la corrupción la República Dominicana podía comenzar a ser descubierta por el mundo como una potencia moral. Que era la forma más perniciosa para dilapidar el dinero del contribuyente, rezaba el primer considerando del decreto formando una comisión para que elaborara un proyecto para el otorgamiento de las obras públicas, que a la sazón terminó siendo sometido dejando al Estado que dispusiera de un 30%, lo que originó que los miembros no gubernamentales de esa comisión no estamparan su firma. Varias veces, nos ocupamos del tema, con fechas tan lejanas como el 4 de agosto de 1986 en el vespertino Ultima Hora, 17 y 18 de noviembre de 1997, y 4 enero 1998 en La Nación, en fecha citada, y el 20 de julio de 1998 en Hoy, etc…

Satisface pues, el reciente decreto del presidente de la República doctor Leonel Fernández Reyna, prohibiendo el otorgamiento de las obras por el sistema de grado a grado; esa es la ruta que hace tiempo debió adoptarse; miles de millones de pesos se hubiese economizado el estado, y con ellos solventar el grado público sin tener que acudir a los préstamos y las emisiones inorgánicas que han sumido la nación en el círculo vicioso de reformas y más reformas sobre los hombros de los más necesitados. Hay que aplaudir la disposición de tanta envergadura con relación a que la adquisición de las dos plantas para producir energía a base de carbón, se haga mediante licitación pública internacional.