Un fallo de la Corte Suprema de Massachusetts según el cual la policía de ese estado no tiene autoridad para detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente si no están acusadas de algún delito constituye un duro golpe a las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, según organizaciones de derechos civiles.
«Sienta un importante precedente de que somos un país que cumple con la constitución y con las leyes», declaró Carol Rose, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles. «Esta victoria es la primera de su tipo en el país.
Massachusetts está a la vanguardia de los esfuerzos por limitar la forma en que los organismos policiales locales y estatales asisten a las autoridades federales de inmigración».
La opinión del máximo tribunal estatal abarca a los agentes que custodian tribunales estatales, pero plantea que ningún policía de Massachusetts está obligado por ley a cumplir requisitos de autoridades federales en relación con inmigración ilegal.