RÍO DE JANEIRO (EFE).- La matanza de al menos 29 personas en una acción atribuida a policías brasileños revivió ayer la época en que los suburbios de Río de Janeiro eran controlados por violentos grupos de exterminio comandados por uniformados.   

 La masacre, la de mayor en número de víctimas ocurrida en una ciudad brasileña en las últimas décadas, ha sido atribuida inicialmente a policías descontentos con una operación de depuración de esa fuerza pública.

   Según los testigos, al menos cuatro hombres en dos vehículos dispararon indiscriminadamente contra quienes encontraron a su paso en un recorrido entre Nova Iguazú y Queimados, dos municipios del área metropolitana de Río de Janeiro.

   Los homicidas inicialmente mataron a seis personas en un bar en Nova Iguazú y luego iniciaron una sangrienta correría entre la noche del jueves y la madrugada de hoy, de la que no se salvaron ni dos ciclistas que pasaban por una autopista.

   Según las informaciones oficiales, 29 personas murieron, entre ellas dos adolescentes y un niño, y otras dos resultaron gravemente heridas.

   Antes de que se conocieran detalles de la matanza, la gobernación de Río de Janeiro admitió en un comunicado que era muy probable que la matanza fuera una reacción a la depuración en las filas de la policía y al arresto de ocho uniformados el martes pasado.

   Tales policías fueron acusados de haber degollado a dos hombres y de haber arrojado la cabeza de una de sus víctimas al patio de una comisaría de policía en Duque de Caxias, otro de los municipios de la llamada Baixada Fluminense.

   «Estamos realizando una depuración de las filas de la policía en la Baixada Fluminense. Si hay uniformados involucrados en el crimen, ellos serán los primeros en ser presentados y execrados, porque no son policías sino bestias», afirmó Marcelo Itagiba, secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro.

   La matanza sólo es comparable con la de Vigario Geral, ocurrida en 1993, cuando 21 personas de esa favela de Río de Janeiro fueron asesinadas por policías que querían vengar la muerte de cuatro compañeros.

   El escenario del crimen fue la Baixada Fluminense, un conjunto de ocho municipios pobres aledaños a Río de Janeiro con cerca de cuatro millones de habitantes y que en el pasado se caracterizó por sus elevados índices de criminalidad y por la presencia de violentos grupos de exterminio.

   Itagiba afirmó que la actual depuración, precisamente, tiene como fin acabar con algunos grupos de exterminio que han resurgido en la Baixada Fluminense y que son integrados por uniformados.

   La región llegó a ser considerada como una de las más violentas de Brasil en las décadas de 1970 y 1980, cuando eran controladas por grupos de exterminio como el temido «Mano Blanca».

   Tales organizaciones, integradas principalmente por policías y ex uniformados corruptos, asesinaron durante años a acusados de delitos, mendigos y niños de la calle, y presuntamente eran financiadas por comerciantes.

   La violencia promovida por los grupos de exterminio en la Baixada Fluminense tuvo su ápice en 1989, cuando la región registró un índice récord de 96 homicidios por cada 100.000 habitantes al año, frente a un índice nacional que en la época era de 26 homicidios por 100.000 habitantes.

   El ex jefe de la policía de Río de Janeiro, Helio Luz, que se caracterizó por el combate a estas organizaciones a comienzos de la década de 1990, dijo en esa época que consiguió reducir el poder de tales grupos cuando comenzó a sustituir a los jefes policiales en la región por hombres de su confianza.

   Señaló igualmente que lo que más fortaleció tales organizaciones criminales fue la impunidad. Las autoridades reconocen que cerca de un 90 por ciento de los crímenes atribuidos a los grupos de exterminio permanecen impunes.

   «Lo único que puedo decir, y no como manifestación de condolencia, es que ese crimen no va a quedar impune», advirtió el ministro de Justicia, Marcio Thomas Bastos, al referirse a la matanza de hoy.

   Bastos dijo que el Gobierno ofreció colaboración de especialistas de la policía federal para aclarar el crimen y que la captura de los responsables es un «asunto de honra» para las autoridades.

   El alcalde de Nova Iguazú, Lindberg Faría, exigió que la investigación sea asumida por los policías federales debido a que la policía regional, por las implicaciones de algunos de sus miembros en la matanza, «está en jaque». EFE