GUATEMALA (AFP).- La ejecución a balazos la noche del domingo del sacerdote católico José María Ruiz, conocido como el «padre Chemita», golpeó nuevamente a la iglesia de Guatemala, que aun no se reponía del asesinato, en abril de 1998, del obispo Juan Gerardi.

El padre Chemita, quien estuvo dos años excomulgado por su incursión la política partidista, era un hombre querido por su labor en favor de miles de pobres a los que ayudaba en la populosa zona 5, al este capitalino, donde residía desde hace 40 años.

«Lamentamos y condenamos el asesinato de un miembro de la iglesia Católica, es un crimen absurdo y nos demuestra los altos niveles de violencia en los que vive Guatemala», advirtió el cardenal Rodolfo Quezada, al asistir al lugar donde fue últimado el sacerdote, de 69 años de edad.

De acuerdo con las versiones preliminares, Ruiz había salido de su iglesia, Santo Cura de Ars -que él construyó- a la casa parroquial a unos 100 metros para recoger la imagen de un «Niño Dios» que sería utilizado en la Navidad.

Vestido con su sótana negra, habría sido intercertado al menos por cuatro hombres armados, y aunque corrió, dejando sus zapatos perdidos en la acera, fue alcanzado por los desconocidos que disparon repetidamente sobre su cabeza, según fuentes de socorro.

Los disparos atrajeron la atención de sus feligreses, que acudieron en su auxilio sin poder hacer nada por salvar su vida.

Una de las feligreses con la que recién habían compartido en el templo, Elba de León, de 65 años, sufrió en el mismo sitio donde yacía el Padre Chemita un paro cardiáco y falleció rumbo a un centro asistencial.

«Esta es una fuerte ofensa, es un ataque directo contra la iglesia y aunque no tenemos los móviles del crimen, sí creemos que fue algo planificado, ya sea por causas políticas o de otra índole», dijo a la AFP el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas.

«No creemos que haya sido obra de la delincuencia común porque el padre Chemita era muy conocido en esa área, por su dedicada labor en favor de los pobres», aseguró Rodenas.

«El estaba consagrado con un trabajo pastoral y antes político en favor de los pobres, y en ese marco, estaba comprometido en varias protestas contra el alza a la energía eléctrica», agregó el director de la ODHA.

Ruiz, desde hace varios meses se había unido a estudiantes universitarios para pedir al gobierno la intervención de la Empresa Eléctrica, en poder de la firma española Iberdrola, tras ser privatizada en 1998 por el gobierno de Alvaro Arzú (1996-98), autor también de la venta de las telecomunicaciones.

Además, el crimen ocurre a pocos días del 28 de diciembre, cuando los guatemaltecos deben elegir entre los empresarios Oscar Berger y Alvaro Colom, al presidente que debe gobernar el país para los próximos cuatro años a partir del 14 de enero venidero.

«Espero que este crimen no quede en la impunidad, como muchos otros», advirtió Quezada, arzobispo metropolitano, al aludir al asesinato, el 26 de abril de 1998 del obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi, un conocido defensor de los derechos humanos.

Aunque por el crimen de Gerardi están condenados en primera instancia dos militares, en el grado de coautores, y el sacerdote Mario Orantes, como cómplice, a 30 y 20 años de prisión respectivamente, la sentencia no está firme.