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CARACAS (AFP).- Un abogado, investigado por presuntos nexos con el atentado con bomba que mató al fiscal venezolano Danilo Anderson la semana pasada, murió este martes en un tiroteo con la policía en Caracas, en el que también falleció un uniformado, informó el ministro del interior Jesse Chacón.
El sospechoso muerto es el abogado Antonio López Castillo, a quien «se le hacía seguimiento y en el momento en que se le solicitó su identidad (…) embistió con su auto a los vehículos que le hacían seguimiento y comenzó a disparar, e hirió a 2 funcionarios», dijo Chacón en conferencia de prensa.
Uno de los policías heridos falleció luego, indicó Chacón, quien advirtió que «así la vida se nos vaya en esto» se continuará buscando a las personas que mataron el 18 de noviembre al fiscal Anderson, con una bomba colocada en su camioneta y activada a control remoto.
El fiscal, de 38 años, tenía a su cargo varias investigaciones de carácter político, entre ellas un proceso contra empresarios, militares y políticos relacionados con el golpe de Estado que en abril de 2002 sacó fugazmente del poder al presidente Hugo Chávez.
El ministro del Interior dijo que en el vehículo en el que iba el abogado se encontraron armas y una granada y que inmediatamente se allanó su residencia, donde se hallaron más armas, municiones y dos artefactos explosivos «muy similares» al que estalló en el vehículo de Anderson.
«Las hipótesis se están cerrando sobre la principal que teníamos (y) en los próximos días se sabrá quién, cómo y dónde se cometió este acto de barbarie y en mediano plazo podremos decirles quién está detrás», aseveró el ministro.
Estas declaraciones se produjeron luego de una reunión de los representantes de todos los poderes públicos para analizar las acciones a seguir tras el atentado terrorista, el primero de su naturaleza que ocurre en las últimas décadas en Venezuela.
Horas antes, el Fiscal General, Isaías Rodríguez, informó que se halló el vehículo en que se trasladaron las personas que colocaron el explosivo en el vehículo de Anderson y aseguró que ese hallazgo y el cruce de llamadas efectuadas, arrojan datos para ubicar a los responsables del asesinato.
Tras la reunión de los poderes públicos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Rincón, anunció que se pondrá en práctica un plan contra el terrorismo, que incluye designar tribunales especializados contra este flagelo, para evitar que se prolonguen los casos con artimañas jurídicas.
El vicepresidente José Vicente Rangel dijo que el gobierno «no aplicará medidas de excepción».
A su turno el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, legislativo), Ricardo Gutiérrez, anunció que se acelerará la discusión de una reforma al Código Penal y de una nueva Ley de defensa del Estado, que será un complemento de la Ley contra el terrorismo.
El ministro Chacón también reveló que una semana antes del referendo del 15 de agosto que relegitimó a Chávez en el cargo, se había frustrado un atentado contra el ministro de Defensa, general Jorge García Carneiro, al descubrirse una mina antitanque colocada cerca de la tumba de su madre.
De igual forma, pidió al gobierno de Estados Unidos que extradite a varios venezolanos vinculados a atentados terroristas en 2003 contra el consulado de España y la embajada de Colombia en Caracas, que viven actualmente en Miami.
Dos militares disidentes solicitados por Venezuela fueron detenidos en Estados Unidos por la Interpol y están recluidos en el Centro Penitenciario de Krome en el estado de Florida, según la fiscalía venezolana.
