Después de cada matanza, EE.UU. se sumerge en el mismo ritual- algunos sectores de la sociedad piden restringir la venta de armas, mientras que otros -encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA)- ven su derecho amenazado y arremeten contra cualquier intento de limitarlo.
Este fin de semana, en menos de 24 horas y a más de 2.500 kilómetros de distancia entre sí, dos hombres blancos usaron fusiles de asalto para disparar contra los vecinos que compraban en un centro comercial de El Paso (Texas) o se divertían en una zona de ocio de Dayton (Ohio), dejando en total 31 muertos.
Para el presidente de EE.UU., Donald Trump, el problema no es la capacidad de sus conciudadanos para comprar armas diseñadas para la guerra, sino los desequilibrios mentales de “unos monstruos».
Hasta ahora, la Administración Trump ha hecho dos propuestas- la aprobación de leyes estatales que permitan a un juez prohibir la posesión de armas a personas con enfermedades mentales y la imposición de la pena de muerte para aquellos que cometen crímenes de odio o tiroteos masivos.
Esa última propuesta se produce justo cuando las autoridades de El Paso investigan si el tiroteo que ocurrió en esa ciudad puede ser considerado “un crimen de odio». Minutos antes de comenzar a disparar, el autor del tiroteo en El Paso, Patrick Crusius, supuestamente publicó en internet un manifiesto racista en el que aseguraba que su ataque, que ha dejado 22 muertos, era una “respuesta a la invasión hispana de Texas”, estado fronterizo con México.