El escritor Andrés L. Mateo dijo ayer que el presidente Leonel Fernández le habría comunicado, mediante amigos comunes, que está muy preocupado por lo que podría ocurrir con los textos integrados.
Reveló que en esos mensajes el mandatario demuestra estar al tanto de los debates y discusiones que se han generado. Consideró que el ministro de Educación, Melanio Paredes, debe tomar en cuenta esa opinión del jefe del Estado.
Dijo que Paredes nunca debió encomendar a extranjeros la producción y confección de esos libros. Creo que el ministro debe recoger esos textos y reintegrar la vigencia del currículo plena porque el problema de la educación dominicana no eran los libros de textos, el problema es una verdadera amalgama de factores en relación con los cuales no ha habido una política de Estado ni en este ni en los gobiernos anteriores. Expresó que en todos los textos no figura un solo dominicano que haya ayudado a producirlos.
Expresó que este modelo pedagógico ha sido totalmente violado por esos textos integrados y lo han sustituido por el modelo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que es el organismo a quien el ministro le encargó la confección de los libros y del modelo pedagógico.
Pienso que es un desconocimiento de la inteligencia nacional lo que el ministro ha hecho, un desconocimiento a la tradición de producción de libros de textos y que debe llamar a preocupación del presidente Fernández, como de hecho es así, subrayó.
Entrevistado en el Telematutino 11, Mateo señaló que a parte de que no existe un país donde los textos del sistema educativo los confeccionen extranjeros, tampoco existe un país donde un ministro de Educación confíe la creación del modelo pedagógico de su país a extranjeros.
Las claves
1. Modelo pedagógico
Dijo que con un modelo pedagógico se aspira a decir lo que queremos, y el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje tiene que producir ese tipo de estudiante, calidad educativa, y eso no puede ser confiado a extranjeros.
2. Violación de leyes
Sostuvo que esos textos encarnan violaciones fundamentales a las leyes, y lo más dañino es que son el producto de la decisión personal del ministro de Educación.