El senador por San Cristóbal Tommy Galán ha sometido al Senado un proyecto de ley  para limitar a US$70 mil el máximo del precio de fábrica del vehículo exonerado que podrán importar los senadores y diputados, y uno se queda pensando si éstos legisladores han perdido ya toda noción de su propia representatividad, y asumen su función pública  con total desparpajo.

El principio cardinal de toda la acción legislativa descansa en el postulado ético de que el legislador “no puede legislar para su propio beneficio”, y resulta insólito que un Senador de la República  sugiera una modificación  para dejarla igual, a una ley que es corrupción legitimada; cuando de lo que se trata es de acoger el reclamo general del país de suprimir uno de tantos privilegios que tienen los senadores y diputados.

¡Se deslegitima un parlamento que legisla en su propio provecho!

El Senador Galán debería saber que en el origen de la idea de la democracia el parlamento encarna la transustanciación del todo, vale decir del pueblo; y lo que  deberían expresar  nítidamente sus leyes es el interés general.

El Senador debería leerse a Montesquiu, a  Jean Jacques Rousseau, a Nicolas Antoine Boulanger,  y aprender lo que es un parlamento,  y aprender también a respetar a los ciudadanos que han observado en silencio de qué forma tan grosera se comportan estos “representantes del pueblo”.

De lo que se trata es de desmontar el “barrilito”, las exoneraciones, el pago por asistir a las sesiones, el cobro por pertenecer a comisiones, las dietas, los pagos de combustible, las asignaciones especiales, los viajes, las oficinas de provincias con altos presupuestos,  y  todos esos beneficios que han encanallecido  la función legislativa, y que constituyen el aporte de los legisladores a que nosotros seamos reconocidos como uno de los países más corrupto del mundo.

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En el 2010 y 2011

 El 8 de abril de 2011 el Ministerio de Hacienda informó a Participación Ciudadana  que los legisladores habían recibido 127 exoneraciones de vehículos con  valor FOB de US$13,309,684.49. Esto representó un sacrificio fiscal estimado en más de RD$571 millones.

Años anteriores

En 2010 PC informó que de enero del 2002 a  octubre de 2009, los legisladores importaron 678 vehículos exonerados. El Estado perdió RD$1,022 millones en impuestos.