DONALD GUERRERO MARTÍNEZ
Es violencia cualquier acción de una persona, física o moral, para dañar o desconsiderar a otro. Por tanto, no lo es solamente la agresión física entre cónyuges, a veces terminada en muerte, o entre ellos, sus hijos y dependientes, o entre particulares, ni tampoco las temibles acciones de pandilleros juveniles convertidos por asuntos de drogas en «ley, batuta y constitución», en varios barrios de la Capital, siempre los mismos. Hace mucho que la comunidad vive arropada por actos violentos.

La muestra más reciente, cruda y pesada es la tragedia, «que horripila y mete miedo de verdad», ocurrida en una cárcel de Higüey. Más de cien vidas humanas sacrificadas, y luego, lo irresarcible para las familias en duelo, indignación generalizada, explicaciones oficiales que nuevamente no convencerán y las infaltables promesas de medidas previsoras para evitar futuras desgracias. La situación de las cárceles del país parece desbordar a cada gobierno. En 44 años de «democracia enclenque» ninguno la ha enfrentado con voluntad decisoria. El hacinamiento y todo lo que de él se deriva ha sido denunciado no se sabe cuántas veces. Desde hace «todos los años» existe una comisión de reforma carcelaria. Nada se le parece tanto como la dirección de Control de Precios o la de Control de Calidad.

Ahora se sabe que un policía entregó un revólver a un recluso que disparó seis veces. Fue el «trabucazo» para empezar el trágico desorden. No hay extinguidores en las cárceles, ni un martillo para romper un candado. Si eventualmente hay que abrir una celda, no se sabe quién tiene la llave.

Es violencia que daña al país y puede llevarlo a situaciones de gran peligrosidad la forma, arrogante hasta la ridiculez, como han estado manejándose los legisladores en sus relaciones con el Poder Ejecutivo. Mantienen una postura hostil y se desentienden de todos los asuntos de interés para el gobierno, como quien ve llover. Y mientras «que me importa que la lluvia caiga despiadadamente», según canta Manzanero, se apertrechan detrás de la mampara de la gobernabilidad y asumen una actitud chantajista, dícese que para encubrir a funcionarios del gobierno pepehachista, supuestamente culpables de actos criminosos mientras desempeñaban sus cargos. Si los saben inocentes, no hay nada que temer. Es más, mejor que lo determine la justicia, cumplidos los debidos procesos de ley en juicio público, oral y contradictorio.

Patente muestra de ridiculez es la decisión de un grupo de senadores de «dar por cerrada» la ratificación del nombramiento del comunicador Miguel Angel Velazquez Mainardi como embajador en Chile. Más que servidores y defensores de los intereses de la República, algunos legisladores lucen sumisos, obedientes a facciones partidarias; lucen manejados a control remoto por mentes enfebrecidas a causa de la humillante derrota en mayo 2004 del proyecto reeleccionista. Alegar como sustento de esa decisión que el comunicador Velazquez Mainardi «dijo muchas cosas en contra de senadores y senadoras y del PRD» es un pretexto mezquino.

Es violencia que daña y trastorna las frecuentes disputas por el control de rutas del transporte público. Sus protagonistas, empresarios del transporte económicamente bien artillados, visten uniformes de sindicalistas. El «control» de una celda disputada por dos grupos se ha citado entre las causas de la tragedia comentada.

Se violenta el dirigente choferil en su desafío a la autoridad del síndico del Distrito Nacional, en el anunciado propósito de rescatar el área verde del kilómetro 9, arrabalizada por choferes, mecánicos y vendedores «de todo y mucho más» como dice un anuncio. «Que venga el síndico a sacarnos», dijo aquel dirigente. Se le ha sindicado como pepehachista, beneficiario de la administración 2000-2004.

Ha sido violencia el atropello y desconsideración contra dos sacerdotes que participaban en una protesta frente a la gobernación de Santiago. Además de golpeados, se les arrastró como animales por autoridades pagadas por los contribuyentes para defender vidas y bienes. Con diferencia de pocas horas, la población vio en fílmicas la brutalidad de tres agentes de Amet que golpeaban, revólveres en mano, a un ciudadano indefenso.

Los actos de violencia van convirtiéndose en algo tremendo. Las autoridades no pueden hacerse desentendidas de la situación. El país necesita paz para dedicarse a trabajar sin temores. Sin trabajo no hay bienestar, que no lo dan por sí sólo ni metros, ni yardas ni varas.

Las autoridades deben garantizar la paz. Si no, habrá que preguntar como Tomás Pujols Sanabia en los años 60, «hacia dónde nos llevarán estos caminos».