SAMUEL SANTANA
Desgraciadamente todo parece indicar que la Junta Central Electoral está un tanto confundida y muy poco edificada en cuanto a la conformación de la comunidad evangélica en la República Dominicana. Esto se deja ver claramente en la actitud que ha manifestado hacia esta comunidad en lo que tiene que ver con el proyecto de ley que busca dar facultad a los ministros evangélicos para que puedan oficiar el matrimonio con el reconocimiento y al aval civil. El proyecto fue sometido hace ya algún en la Cámara de Diputados donde fue aprobado sin inconveniente alguno.

Tras este paso fue introducido, entonces, al Senado de la República. A partir de entonces ha sido cuando se ha producido la paralización y el virtual estancamiento de la pieza.

El Senado envió una comunicación a la JCE junto con el proyecto en procura de que hiciera las consideraciones de lugar. En respuesta a la solicitud, el tribunal electoral entregó una amplia comunicación al presidente del Senado, licenciado Andrés Bautista García, en la que emitía sus consideraciones.

En los señalamientos vertidos, los señores jueces establecieron que (1) sentían «profunda preocupación por la facultad que se pretende conferir a entidades religiosas no determinadas expresamente y sin reglas específicas o conocidas que les rijan».

Se trata de una preocupación que no tiene razón de ser. Cada concilio, ministerio u organización religiosa, cuáles quesea, tienen que presentar las documentaciones de lugar ante las autoridades para poder realizar su labor normal en el país y dentro de su propia membresía. Para esto se exige la entrega de sus estatutos, reglamentos, constitución y esquema organizacional. Luego el Estado le hace el reconocimiento de lugar mediante un decreto.

¿Cómo es posible, entonces, que se alegue que las organizaciones evangélicas no tienen reglas específicas conocidas para su funcionamiento en el país?

Estas organizaciones funcionan de forma tan organizadas como los mismos partidos políticos.

La trayectoria de los evangélicos es bien conocida por todos los dominicanos. Su estructura organizacional parte desde una simple iglesia hasta la dirección de un concilio, una confederación y una superestructura internacional.

¿Podrán los partidos políticos, con sus interminables enredos en los padrones, tener archivos mejores organizados que las iglesias evangélicas, los concilios y las confederaciones?

Se habla (2) del peso que tiene el matrimonio en cuanto a sus «implicaciones jurídicas».

La conciencia sobre la importancia y del valor del matrimonio es algo inherente a las iglesias evangélicas. Lo comprueba el hecho de predicar permanentemente sobre la responsabilidad paternal, la fidelidad en la relación y la buena convivencia en la pareja.

Cuando alguien desea ser miembro, lo primero que se le indica es que debe normalizar su relación de pareja: casarse, si no lo está y atender los hijos, si los ha abandonado.

La eficacia de esta responsabilidad se deja ver claramente en que las estadísticas indican que entre los evangélicos el número de divorcio es el más bajo.

La JCE (3) parece sentir complacencia al recordar que lo único que se reconoce como matrimonio religioso es el de la Iglesia Católica, mediante acuerdo entre el Estado y la entidad.

Esto da la impresión de que existe un muro dictatorial que impide que las fuerzas vivas que confluyen en nuestra sociedad puedan encontrar nichos, por derecho, en el Estado y de que sólo una fuerza, en este caso religiosa, impera sobre las demás.

Otro paso de la democracia dominicana sería permitir que los dominicanos reciban los beneficios propios de las creencias de sus preferencias, incluyendo lo ceremonial.

En suma total, son dieciocho los señalamientos que hace la JCE al proyecto de ley.

Sin embargo, todo se resume en el hecho de que hay un gran desconocimiento en cuanto a la forma en que están organizados los evangélicos en el país.

Si los jueces no tienen ningún otro inconveniente, lo apropiado sería invitar a una comisión de líderes evangélicos, representativos de las organizaciones protestantes fuertes del país, y sentarse a definir los puntos donde no estén bien claros y establecer las normas consideradas por ellos.

Dejar que este proyecto muera es resistirse a reconocer el trabajo tesonero y positivo de los evangélicos en el país y, sobre todo, negar el derecho a un sector que confluye con gran presencia en la sociedad dominicana.