El presidente del Consejo Nacional de  Seguridad Social (CNSS),  Max Puig, afirmó que para lograr la consolidación y el desarrollo pleno de la seguridad social en el país es necesario enfrentar grandes retos, entre los que destacó la ampliación de la cobertura de aseguramiento.

Dijo también que es preciso desarrollar una mayor voluntad y creatividad en la definición de mecanismos para la inclusión de sectores sociales importantes que siguen desprotegidos.

Destacó la conveniencia de  enfrentar situaciones intrínsecas al sistema, como son los niveles de evasión y elusión asumidos por algunas empresas privadas, y  por instituciones públicas autónomas, descentralizadas, entre las que destacó los ayuntamientos.

Puig reconoció como una realidad el que no todos los trabajadores asalariados, susceptibles de ser afiliados, lo están y que determinadas empresas declaran a sus trabajadores con salarios inferiores a los que realmente reciben, prácticas violatorias a las que el Consejo Nacional de Seguridad Social debe proseguir los esfuerzos por su eliminación.

El también ministro de Trabajo habló  durante la conferencia magistral “Rumbo de la Seguridad Social en la República Dominicana”, en la que realizó un recuento de las ejecutorias asumidas por el CNSS y las posibles acciones dirigidas a alcanzar la plenitud y madurez de la Ley 87-01, que crea el Sistema  de Seguridad Social y su  aplicación.

“La mayor parte de  trabajadores municipales del país gana salarios por debajo del salario mínimo establecido para el sector público y la inmensa mayoría  se encuentra desprotegida, al no tener acceso a la seguridad social por el incumplimiento de los gobiernos municipales”, dijo.

Calificó al sistema de salud dominicano como incapacitado para desarrollar voluntad y creatividad que permitan asumir mecanismos que faciliten la inclusión de sectores sociales importantes, que siguen desprotegidos, como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores y trabajadoras domésticas,  los trabajadores migrantes y los móviles y ocasionales.

Incluyó también entre los menos afortunados del sistema a las personas que al momento de la puesta en vigencia de la Ley 87-01 tenían más de 45 años y que al cumplir la edad de retiro no califican para pensión, y las personas que cotizaron al seguro social y que en la actualidad no están cotizando ni trabajando y no tienen ni seguro de salud ni pensión, casos que, dijo, deben ser abordados.

Una paradoja

Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Max Puig, consideró una paradoja la situación de los trabajadores migrantes, a los que el Código de Trabajo les reconoce sus derechos laborales, aun en condición de residentes ilegales, mientras que la Ley 87-01 impide su afiliación al sistema.

En este sentido, Puig exhortó a la creación de una comisión interinstitucional que incluya a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Industria y Comercio, Agricultura y Trabajo, entre otros, que pueda evaluar y ofrecer resultados tangibles a la situación.

Puig reconoció como una limitante para la aplicación efectiva de esta ley, el que la estructura económica del país establece frenos para alcanzar la universalización del sistema, lo que  se manifiesta con la presencia de tan solo un 30% de la población económicamente activa con una relación salarial dependiente, cerca de un 56% que se desempeña en la economía informal y poco más de 14% en situación de desempleo ampliado.