El presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD) Max Puig, cuestionó el informe presentado la semana pasada por la comisión encargada de investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas Punta Catalina, tras afirmar que el propósito del Gobierno al crearla fue encubrir los hechos dolosos de la empresa Odebrecht.
Calificó el informe como una burda maniobra para evitar que se conozcan, se juzguen y se castiguen actos de corrupción cometidos en Punta Catalina confesados por la propia Odebrecht ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Suiza y Brasil el 21 de diciembre pasado.
Dijo que el informe publicado por la comisión pone al descubierto, a pesar de sus esfuerzos por encubrirlos y justificarlos, los procedimientos ilegales usados para montar el proyecto.

“Aunque el informe asume como línea la defensa de la validez del proceso de licitación y adjudicación del proyecto de las plantas de carbón de Punta Catalina, el texto está marcado por múltiples incongruencias, vacíos y contradicciones a través de las cuales se descubre toda una serie de violaciones a la ley”, dijo.

Agregó que “lo que en realidad revela el informe de la Comisión de Notables es que no se cumplió con la ley en la licitación y adjudicación de Punta Catalina. Incluso, algunos de los hechos reseñados en el informe pueden servir como elementos de prueba para la incriminación de algunas personas señaladas”.

Explica que el informe señala en el punto 14 del resumen ejecutivo que el Comité de Licitación fue establecido de acuerdo a la Ley 5340-06. “Dicho esto, en el mismo párrafo, apenas unas líneas más abajo, se informa que este comité “fue expandido” por recomendación del Presidente de la República y que una de las personas que debía participar, por mandato de la ley, quedó excluida. Primero se afirma que se cumplió con la ley; luego se explica que no fue así. Ejemplos como este abundan en el texto”, indicó.

Agrega que “la Comisión expresa, de manera apenas disimulada, que el Comité de Licitación estuvo bajo el control de la empresa Stanley Consultants lo que, a su juicio, no permitió una defensa adecuada de los intereses nacionales”.
Indica que la Comisión responsabiliza de esta situación –sin decirlo de manera explícita- al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, al haber sido este quien escogiera para formar parte del Comité de Licitación a personal dependiente de Stanley Consultants.
“Además, en la selección de esta empresa se violó la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, ya que fue escogida mediante una comparación de precios”. dijo.