En el contexto de la campaña para cargos congresionales y municipales que ya empieza en el país, afloran situaciones que llaman profundamente la atención con relación a los políticos, congresistas y candidatos.

Los ojos de la nación han visto a legisladores emitir votos de manera ilegal en pleno Congreso, envueltos en asuntos que afectan la integridad de la familia e incurrir en falta de responsabilidad en sus funciones y obligaciones.

Lo común es que el pueblo y las comunidades votan por representantes, pero, luego, toman un giro en el que atienden más las estrategias de sus partidos y líderes que los intereses reales de los ciudadanos.

En el poder se olvidan de los compromisos y se tornan prepotentes, indiferentes y, hasta, indolentes.

Definitivamente es tarea de los partidos tratar de tomar carta en el asunto y cambiar este tipo de actitud y condición.

Debe existir un mecanismo contundente que ayude a calibrar la calidad de quienes aspiran llegar a las estructuras del Estado.

A la condición de irresponsabilidad se suma el alto nivel de incapacidad que se aprecia en muchos que desean llegar a un lugar donde se deben elaborar proyectos y asuntos íntimamente ligados con el desenvolvimiento y desarrollo nacional.

Hemos tenido muchos casos de gentes que sólo van al Congreso Nacional a levantar manos.

Otros ni siquiera asisten.

Con el tema del narcotráfico se habla de algo mucho más preocupante.

Al esfuerzo de los partidos deben sumarse las instituciones serias, como los clubes, junta de vecinos, las iglesias y los líderes de opinión para cerrar el paso a cualquiera que pretenda llegar a una posición del Estado sin reunir las condiciones mínimas y, pero aún, bajo cuestionamiento ético y moral.

Paremos el deterioro cada vez mayor en las instituciones del Estado.