El 2014 fue el año “más fructífero” de la Procuraduría Antilavado de Activos, desde su creación en el 2006, porque logró desmantelar tres grandes redes internacionales de narcotráfico que operaban desde el país, lideradas por Winston Rizik, Pascual Cordero (El Chino) y Pascual Cabrera Ruiz.

Así lo afirmó ayer el procurador de Antilavado, Germán Miranda Villalona, en el acto inaugural de las remodeladas oficinas de esa dependencia de la Procuraduría General de la República, en el que puso a circular las memorias de su gestión durante el 2014.

Resaltó que durante este año la Procuraduría especializada en Lavado de Activos incautó bienes muebles e inmuebles producto del narcotráfico por valor de RD$2,038 millones, y recibió US$1 millón por casos homologados de cooperación jurídica internacional.

Dijo que además encaminó un total de 269 casos a los tribunales, y en 148 audiencias solicitó para los imputados medidas de coerción y juicio de fondo, a a través de los fiscales.

“Este año realizamos un total de 82 allanamientos, 25 interceptaciones telefónicas y 43 incautaciones que incluyen viviendas y fincas en la Capital y en el interior; vehículos, armas de fuego y hasta un avión”, agregó Germán Villalona.

Cooperación internacional. Informó que la Procuraduría Antilavado recibió 26 casos de cooperación jurídica internacional, de Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Honduras, Francia, Holanda y Suiza, además de 828 solicitudes de informaciones de todo el sistema nacional de base de datos.

Guerra contra el narco. En el acto habló también el procurador general, Francisco Domínguez Brito, quien desde las remodeladas oficinas le declaró “una guerra abierta” a todos los carteles del narcotráfico.

“Estaremos de frente contra aquellos que han gozado de impunidad, y llamo a desarrollar mejor la inteligencia dentro de los organismos persecutores, para poder vencer al crimen organizado”, dijo.

La bendición de las oficinas estuvo a cargo del padre Víctor Peralta, del seminario Santo Tomás de Aquino.

Estuvieron presentes en la actividad, representantes de agencias antinarcóticos internacionales; procuradores adjuntos, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros funcionarios del Ministerio Público. Las nuevas oficinas están ubicadas en la vieja Procuraduría.