No hay que hacer ningún esfuerzo intelectual para entender con ese titular de qué trata este artículo, pues sólo hay que oír, ver o leer los titulares principales de los medios radiales, televisivos y escritos del país que destacan como protagonistas de primer orden en la actual oleada de criminalidad que sacude nuestra sociedad, a jóvenes menores de 18 años que, en su mayoría, a pesar de su edad tienen un conocimiento para discernir sobre lo bueno y lo malo más claro y elevado que el que tenía mi abuelo con treinta años cumplidos.

En la media centuria del siglo pasado prácticamente no había transporte de vehículos de motor, ni aviones comerciales, no había servicio de telefonía, computadora, Internet, celulares, teléfonos inteligentes (smartphones), Ipads; no había debates públicos sobre elaboración de leyes, existían limitaciones graves para acceder a la educación; el turismo era nulo.

Esas carencias implicaban pocas alternativas para alcanzar ideas, conocimientos o comprensión de las cosas; de ahí la ignorancia e inocencia en que vivíamos. En esas circunstancias era muy probable que un joven antes de los 18 años no pudiera distinguir sobre las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, hoy en día un joven de dieciséis años, aún sin formación de escuela, por toda la accesibilidad a los medios anteriormente señalados, conoce la repercusión de sus actos.

En mi experiencia de vida, como ciudadano común, pero también como procurador fiscal, juez de Primera Instancia, juez de Cámara Penal y presidente de Corte de Apelación que incluía atribuciones en los procesos de menores y de familia, me he encontrado con adultos de 40 años inmaduros y de pobre discernimiento, y por otro lado he conocido jóvenes de 16 y 17 años con una gran madurez y alta conciencia ciudadana.

Actualmente hay un debate nacional abierto resultante de un proyecto de ley sometido por el diputado Teodoro Ursino Reyes, representante de La Romana, que contempla un aumento en las sanciones a imponer a los menores culpables de actos reñidos con la ley penal. Desde nuestra óptica, esta iniciativa del congresista romanense es alentadora y debería merecer el respaldo de una sociedad que está sometida al horror por crímenes espeluznantes cometidos en un alto índice por menores de edad.    

En lo atinente al primer argumento, tengo experiencias personales: siendo juez de la Cámara Penal de La Romana en pleno apogeo de los famosos “dominican york”, decidimos enfrentarlos con determinación y firmeza, imponiendo penas ejemplarizadoras, con sujeción a la ley en cada caso donde encontrábamos imputados culpables de infracciones relacionadas con drogas, sin llevarnos del “decir” de que “una golondrina no hace verano”.

A los pocos meses se sintió el peso de una justicia implacable contra estos; y el tráfico, la venta y consumo de estupefacientes se redujo en gran medida por varios años. Eso demuestra que la penalización sí tiene efectos contundentes, ahora bien, naturalmente tuve que enfrentar algunos militares y policías, políticos, funcionarios, incluyendo judiciales, abogados y diversos padrinos de estos vándalos.

En el segundo argumento, la marginalidad, exclusión social y falta de oportunidades, no han cobrado espacio en los últimos veinticinco años, muy al contrario, ha habido un significativo desarrollo social general sin dejar de reconocer nuestras múltiples dificultades, pero lo cierto es que hoy vivimos mejor que décadas atrás; por lo que reitero, esto es consecuencia principalmente de la inversión de valores por lo fácil, mucho y rápido.

El parámetro para medir la responsabilidad penal del joven menor no puede ser si tiene o no 18 años, debe ser su madurez o su discernimiento, y eso se determina con evaluaciones científicas. Por lo menos debería retomarse la orientación sensata de la derogada Ley 603 que establecía el tribunal tutelar de menores, disponiendo que “todo menor infractor de la ley penal con edad de dieciséis (16) años y menos de dieciocho (18) fuera sometido a una evaluación que determine si actuó con discernimiento o no, y si lo tuvo, que fuera juzgado como adulto”. Sostenemos que por lo dicho al principio, esa evaluación debería ser a partir de los 14 años. Y en el último argumento de que son manipulados por adultos, hay que acotar que esto no ocurre en la mayoría de los casos, pues muchas veces ellos son los directores de sus propias empresas de muerte, demostrando siempre en sus actos ser más despiadados y fríos que los adultos, a quienes en muchas ocasiones ellos dirigen.

“.Quien no combate la injusticia, se hace cómplice de ella”. (Desmond Tutu).